Quema el Corán frente al consulado turco y el juez lo absuelve: “Ofender también es un derecho”

Los activistas celebraron ayer una importante victoria para la libertad de expresión tras la revocación de la condena impuesta a Hamit Coskun, de 51 años, quien en febrero quemó un ejemplar del Corán frente al consulado turco en Londres, gritando: “¡Que se joda el Islam!”.

Coskun había sido declarado culpable en junio por alteración del orden público agravada por motivos religiosos y multado con 240 libras. Sin embargo, tras apelar, el juez Bennathan del Tribunal de la Corona de Southwark dictaminó que el acusado tiene “derecho a ofender”, subrayando que “vivimos en una democracia liberal” y que “el derecho penal no es un mecanismo que busque evitar que la gente se sienta molesta”.

Durante su protesta, Coskun fue atacado con un cuchillo por Moussa Kadri, de 59 años, quien alegó estar “protegiendo su religión”. Este incidente intensificó el debate sobre la criminalización de actos considerados blasfemos y la reacción violenta de algunos sectores religiosos.

Coskun explicó que su acto buscaba denunciar cómo el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, constitucionalmente secular, se había transformado en un “régimen islamista”. Tras el fallo, declaró sentirse “tranquilo” por poder educar al público británico sobre sus creencias, siendo mitad kurdo y mitad armenio.

La Unión por la Libertad de Expresión celebró el veredicto como un mensaje claro: “las protestas antirreligiosas, por ofensivas que sean, deben ser toleradas”. El director del sindicato que financió la defensa, Lord Young, advirtió que mantener la condena habría legitimado la violencia como herramienta para imponer códigos religiosos.

El director ejecutivo de la Sociedad Secular Nacional, Stephen Evans, calificó la protesta como un “acto legal de disidencia política”, mientras que la organización Humanists UK se mostró “encantada y aliviada” por la decisión judicial.

Incluso el secretario de Justicia en la sombra, Robert Jenrick, expresó que, aunque no compartía el acto de Coskun, no creía que “fuera un delito”. Junto a otros activistas, denunció que el procesamiento había sido un intento de restablecer la ley de blasfemia por la puerta trasera.