El premier Keir Starmer endurece drásticamente su plan migratorio con una reestructuración que desafía décadas de política del Partido Laborista. El inquilino de Downing Street no solo quiere frenar la migración irregular, sino que también quiere restringir las vías legales de entrada al país.

Por lo tanto, se complica -aún más- la contratación de extranjeros, se amplía de cinco a diez años los plazos para poder solicitar la nacionalidad británica y se restringe las visas para graduados. Si bien Starmer se había caracterizado hasta ahora por una postura moderada, pragmática y pro UE, el discurso utilizado esteb lunes en su residencia oficial para presentar el nuevo programa replicó los mantras populistas y euroescépticos que tanto había criticado.

«Las naciones dependen de reglas justas», matizó el premier. «En una nación diversa como la nuestra, y lo celebro, estas reglas cobran aún más importancia. Sin ellas, corremos el riesgo de convertirnos en una isla de extranjeros, no en una nación que avanza unida», añadió.

El cambio de rumbo tiene lugar ante la ansiedad creada por el ascenso de Reform Uk de Nigel Farage. El líder populista -protagonista del Brexit y amigo íntimo de Trump- no sólo triunfó en las recientes elecciones locales, sino que – por seis votos- arrebató a los laboristas el único escaño de la Cámara de los Comunes que estaba en juego.

Por lo tanto, igual que en su día hicieron los conservadores, el primer ministro laborista ha decidido ceder a la presión y reestructurar su agenda, creando con ello tensiones internas en el Gabinete entre el ministerio de Interior y el Tesoro, cuya responsable, Rachel Reeves, defendía hasta ahora que la inmigración jugaba un factor importante para el crecimiento económico, uno de los principales objetivos del Gobierno.

Starmer insistió en que abordar la migración no perjudicaría el crecimiento económico. «Tuvimos la mayor migración neta cuando el último gobierno perdió el control, a casi un millón, y un crecimiento estancado. Por lo tanto, ese vínculo no se sostiene con esa evidencia», matizó en un discurso donde, haciéndose eco del eslogan utilizado por los defensores del Brexit durante el referéndum de la UE de 2016 -donde él abogó por la permanencia en el bloque- afirmó: «Les daremos lo que han pedido una y otra vez y recuperaremos el control de nuestras fronteras».

Las críticas de sus propias filas no se hicieron esperar. La diputada Nadia Whittome aseguró que los comentarios de Starmer sobre «el riesgo de convertirse en una isla de extraños» sin controles migratorios justos, eran «vergonzoso y peligroso». «Imita el alarmismo de la extrema derecha», advirtió.

Por su parte, tanto la Confederación de la Industria Británica como las Cámaras de Comercio Británicas también expresaron su preocupación por las nuevas barreras que se imponen a las empresas para la contratación de personal de fuera del Reino Unido. El que se mostró triunfante, sin embargo, fue el propio Farage quien ve, una vez más, cómo tiene la batuta y el Gobierno baila a su son. «Solo Reform Uk será capaz de controlar nuestras fronteras», señaló el populista a través de sus redes sociales, donde aseguró que 250 jóvenes habían cruzado el lunes por la mañana el Canal de la Mancha, sugiriendo que algunos podrían ser terroristas iraníes.

El Libro Blanco presentado por el Ejecutivo no tiene nada que ver con la migración irregular. Pero Farage sabe que es más fácil motivar a los votantes atacando a los solicitantes de asilo que a las enfermeras migrantes, y su partido se ha beneficiado de la exageración realizada sobre la contribución de las llegadas en pateras a la migración neta total donde se están registrando cifras récord. La diferencia entre el número de personas que se mudaron al Reino Unido y el número que lo abandonó, fue de 728.000 en los 12 meses hasta junio de 2024. Bajo el último gobierno conservador, la cifra se disparó a más de 900.000.

Desde hace tiempo, el núcleo duro de la derecha radical británica defiende que hay que romper con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el mismo que canceló el polémico plan de los conservadores para mandar a Ruanda a los inmigrantes llegados por rutas irregulares, al considerarlo ilegal.

Pero, de momento, Starmer lo descarta. «Los acuerdos internacionales que hemos firmado nos han sentado las bases para los acuerdos que hemos alcanzado sobre la migración ilegal. No se pueden alcanzar esos acuerdos con otros países para colaborar más estrechamente en la aplicación de la ley, desmantelar las bandas y trabajar en acuerdos de retorno —que es lo que queremos hacer— si, a continuación, se dice que no se cree en el derecho internacional», matizó.

Como parte de las nuevas medidas, se exigirá a los adultos que acompañen a trabajadores extranjeros al Reino Unido que aprueben un examen de inglés y se impedirá que las residencias contraten personal extranjero. El gobierno también eliminará el derecho de los trabajadores extranjeros a solicitar automáticamente el asentamiento en el Reino Unido después de cinco años, ampliando su espera a 10 años.

También se incluirán planes para deportar a más delincuentes extranjeros, exigir a los empleadores que formen a su personal británico y exigir que los trabajadores cualificados que entren en el Reino Unido tengan un título universitario. Starmer aseguró que con estas medidas las cifras disminuirían “significativamente”, pero se negó a dar una cifra.