Un pacto pendiente de una frontera de 500 kilómetros

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, que ha estado en contacto telefónico estos días con Theresa May ha dejado muy claro que el «backstop» es intocable. La polémica salvaguarda establece que, si no hubiera un acuerdo comercial entre Londres y la UE al final del periodo de transición en diciembre de 2020, todo Reino Unido quedaría, de manera temporal y hasta que se encontrase una solución, dentro de la unión aduanera y la provincia británica del Ulster permanecería además alineada con el mercado común de bienes.

Los euroescépticos temen que ese cortafuegos deje al país atado «sine die» a la normativa comunitaria en contra de su voluntad, al tiempo que creen que pone en riesgo su integridad territorial. Dublín se muestra abierto a cambios en la declaración política –texto que no es vinculante– si Londres «cambia sus líneas rojas» (salir de la unión aduanera y el mercado único). Aunque recalca que el Acuerdo de Retirada sellado entre May y la UE en noviembre no es «renegociable».

Desde el principio, la frontera irlandesa resultó ser el principal escollo en la negociación del Brexit. No resulta una sorpresa, ya que los 500 kilómetros que dividen la isla conformarán la única frontera terrestre entre Reino Unido y la UE. Unas 35.000 personas la atraviesan cada día para ir a trabajar, acudir al colegio, visitar el médico. Luego está la cuestión ganadera y agrícola, donde se sustenta gran parte de la economía a ambos lados. Un tercio de la leche que se produce en Irlanda del Norte va a la República para procesarla, un escenario que no sería viable si se aplican los aranceles de la Organización Mundial del Comercio en caso de ruptura sin pacto.

Aparte de todos los problemas burocráticos del divorcio, hay una cuestión por encima de todo que no puede obviarse: poner en peligro la paz en el Ulster. Durante casi cuatro décadas, los unionistas protestantes –que deseaban que Irlanda del Norte siguiera siendo parte de Reino Unido– y los nacionalistas católicos –a favor de que la provincia se uniera a la República del sur– protagonizaron un sangriento conflicto al que se puso fin en 1998 con el Acuerdo de Viernes Santo, que especifica claramente la ausencia de barreras entre el norte y sur de la isla. Ni Londres, ni Dublín, ni Belfast, ni Bruselas quieren ahora que el Brexit se traduzca en una «frontera dura» en la isla. El problema es que no logran consensuar una solución para llevar la teoría a la práctica.

Por si no fuera ya poco complejo, tras perder la mayoría absoluta en las elecciones de 2017, la «premier» tuvo que recurrir al apoyo de los diez diputados euroescépticos del Partido Unionista del Ulster (DUP), que se niegan a que la provincia tenga una regulación distinta al resto de Reino Unido. Sin el respaldo de los unionistas, May sabe que no puede gobernar, por lo que cada decisión que tome con Bruselas debe estar consensuada.