EE UU valora retirar la petición de extradición de Assange por espionaje

El caso de Julian Assange ha dado un inesperado giro de guión después de que haya salido a la luz que el Gobierno de Estados Unidos está buscando maneras de acortar la larga batalla judicial en Londres del fundador de Wikileaks contra su extradición por cargos de espionaje por la publicación hace 14 años de miles de documentos clasificados relacionados con las guerras de Afganistán e Irak.

Según el "Wall Street Journal", el Departamento de Justicia de Estados Unidos se estaría planteando retirar los 18 cargos actuales bajo la Ley de Espionaje, si Assange se declara culpable de manejar mal documentos clasificados, un delito menor. Si el australiano se declara culpable y testifica de forma remota desde la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en la que se encuentra, probablemente quedaría libre poco después, ya que son ya más de cinco años los que lleva bajo custodia en Reino Unido.

Sin embargo, el equipo legal de Assange asegura que no tienen conocimiento de ningún cambio en la estrategia de procesamiento. Uno de los abogados defensores, Barry Pollack, asegura que es “inapropiado” que comenten mientras su caso está ante el Tribunal Superior de Reino Unido, “más allá de decir que no se nos ha dado ninguna indicación de que el Departamento de Justicia tenga la intención de resolver el caso y Estados Unidos continúa con tanta determinación como siempre para buscar su extradición por los 18 cargos, exponiéndolo a 175 años de prisión”.

Se espera que el Tribunal Superior decida en las próximas semanas si concede a Assange un nuevo derecho a apelar su extradición en un nuevo juicio que comenzó el mes pasado. Si los dos jueces fallan en su contra, habrá agotado todas las opciones de Reino Unido para impugnar la extradición, y la única vía que le quedaría sería el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podría ordenar a Reino Unido que no siga adelante con la extradición. Si eso falla, Assange podría ser enviado a Estados Unidos en pocos días.

La extradición de Assange sería políticamente difícil para la administración Joe Biden, especialmente en un año electoral. La anterior Administración demócrata, bajo Barack Obama, finalmente decidió no acusar a Assange por temor a que hacerlo infringiera los derechos de la primera enmienda que garantizan la libertad de prensa.

En 2019, la administración Donald Trump siguió adelante con la presentación de cargos en virtud de la Ley de Espionaje de 1917, buscando diferenciar el periodismo convencional de las acciones de Assange, que proporcionaron una plataforma para la publicación de documentos secretos filtrados y que los fiscales alegan que él sabía que pondrían vidas en peligro.

En una audiencia sobre el permiso de Assange para apelar en febrero, sus abogados defensores argumentaron que podría ser objeto de las agencias estatales estadounidenses para “eliminar ataques extralegales” si fuera extraditado, particularmente dada “la posibilidad real de un regreso de una administración Trump”.

La batalla del australiano es una maraña legal sumamente compleja. En 2006, Assange fundó el sitio web Wikileaks y publicó una gran cantidad de documentos que exponían escándalos como la corrupción en Kenia, los disturbios tibetanos en China y los ataques con aviones no tripulados en Yemen. Cuatro años después, publicó más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en relación con el asesinato de civiles en Afganistán e Irak.

Tras ser detenido inicialmente en 2010 por un caso instigado por Suecia de supuesto acoso sexual, buscó refugio en la embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo encerrado de 2012 a 2019. Pero cuando este caso fue archivado, fue arrestado de nuevo en abril de 2019 a instancias de Estados Unidos, donde podría enfrentarse a 175 años de prisión.