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Las elecciones locales de mayo volvieron a mostrarnos cómo el municipalismo obedece a leyes ajenas a las que gobiernan la alta política: alcaldes de un partido que arrasan donde habitualmente se extiende una paramera para sus conmilitones, regidores que se perpetúan sin que ningún indicador explique los motivos, alianzas pre o postelectorales contra natura e inaudita alineación de medios pertenecientes a un espectro ideológico con opciones teóricamente contrapuestas coadyuvan, entre otras anomalías, a resultados que escapan a los pronósticos o análisis realizados bajo el signo de la ortodoxia. Al turrón. Los candidatos se presentan con un programa que nadie lee y que es carne de incumplimiento, como advertía Tierno Galván, pero guardan una agenda oculta casi siempre relacionada con eso que se llama «inversiones», es decir, con los negocios que alguna corporación de respetable tamaño planea en la localidad en cuestión. Así, los grandes centros comerciales que proliferan hasta la sobredosis en ciudades, pongamos por caso, como Sevilla. Donde se retuercen las ordenanzas para cumplir con la fecha prevista de inauguración y donde una inundación el día del estreno se reduce a encharcamiento leve, como fruto de meada o escupitajo. El Ayuntamiento y el periodismo, o sea, sometido al poder persuasorio del dinero. Accesos imposibles, sin licitar la obra siquiera, aparcamientos insuficientes, clientela desaforada que estaciona en el barrio aledaño, cuyos vecinos se ven empujados a bolsas ilegales gestionadas por gorrillas... Grúa, multas (más pasta para el tesoro municipal), una tarde de sábado en familia que degeneró en ruina y las tiendas de los barrios cerrando al ritmo de cinco por día porque todo son facilidades para el «shopping mall» y sólo hay trabas para el comerciante tradicional.