La gestión de los recursos y el uso del agua en Andalucía necesita mejorar en transparencia

La entidad TI suspende en ese área a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la antigua Consejería de Medio Ambiente

«No cabe duda de que la transparencia de las instituciones incide de forma directa en el progreso económico y social, por lo que la falta de ésta ha impedido la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas llevadas a cabo. Se hace necesario devolver la confianza de los ciudadanos en la política y en los políticos, siendo este el objetivo prioritario para que las administraciones y nuestras instituciones obtengan el respeto y el respaldo de todos los andaluces». Es un párrafo del documento programático que firmaron PP y Ciudadanos (Cs) como primer paso para alumbrar luego el Gobierno autonómico de coalición ya operativo y que parece dispuesto a mejorar en una materia en la que hay campo para hacerlo. La reconocida organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) dedicada a combatir la corrupción lo ha evidenciado con sus listados de puntuaciones vinculados a los gobiernos o los parlamentos autonómicos, como ya informó este periódico.

Uno de los espacios fragmentados en los que ha puesto el foco es en distintos organismos de cuenca del territorio nacional, entre los que se encuentra la Confederación Hidrográfica del Gualdaquivir (CHG), entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, cuyas funciones incluyen la elaboración del plan hidrológico de su área, su seguimiento y revisión; o la administración y el control del dominio público hidráulico. De acuerdo al Índice de Transparencia en la Gestión del Agua (Intrag) relativo a 2015, una herramienta para medir el nivel de oscuridad de los organismos que gestionan el agua en España, la CHG suspende con un 48,1 en una horquilla que oscila entre el 1 y el 100. Transparencia Internacional le otorga un 80 en lo difundido sobre el organismo en sí y un 87,5 en los procesos de planificación, pero anota un 42,9 en lo relativo a las relaciones con el público y las partes interesadas, un 40 en transparencia económico-financiera, un 31,8 en lo ligado a la gestión de los recursos y usos del agua y, por último, un 25 en lo que tiene que ver con contratos y licitaciones, según ha comprobado LA RAZÓN.

En la mima línea, TI evaluó a la antigua Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, a la que estaba adscrita la ex Agencia Andaluza del Agua, a la que califica con un 51,9 global. Se apunta el mejor dato, un 81,3, en los procesos de planificación, seguido de un 78,6 en el apartado de relaciones con el público y las partes interesadas y de un 60 para la información sobre el propio organismo. Sin embargo, obtuvo un 50 en transparencia económico-financiera, un 41,7 en contratos y licitaciones y un escaso 18,2 en lo que a la gestión de los recursos y usos del agua se refiere.

Cánones que no se traducen en obras

La oposición afeó a los anteriores gobiernos andaluces socialistas que recaudaran millones gracias a distintos cánones y tributos por el uso del agua, y dichos fondos no sirvieran para llevar a cabo obras hidráulicas e infraestructuras, pese a las sanciones impuestas desde Europa por el incumplimiento de la Directiva Marco sobre Vertido Cero. No se depura lo debido.