La ley para el menor dependiente no concreta qué inversión recibe

Un plan integral coordinará las actuales políticas de Igualdad y Políticas Sociales, Educación, Salud y Fomento, con incrementos puntuales

Otro avance a medias. La Junta de Andalucía pretende ser pionera en la redacción de una ley de dependencia para menores –al Gobierno andaluz, de repente, le urge mejorar la atención a los niños más vulnerables–, pero como en otras tantas ocasiones elude la inclusión de una memoria económica que garantice la prestación de los derechos que pretende preservar. Así, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el I Plan Andaluz de Atención Integral a Personas Menores de seis años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla. Las políticas de las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales, Educación, Salud y Fomento y Vivienda coordinan sus inversiones a tal fin para reflejar un gran titular: 800 millones hasta el año 2020. La cuestión que, en cambio, quedó sin respuesta es en qué cantidad se aumenta el gasto en este colectivo con respecto a la actualidad.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, explicó que la partida para desarrollar este plan está ya incluida en los presupuestos de las consejerías implicadas, y sólo puede tener incrementos puntuales en función de su desarrollo.

La principal novedad es el incremento de la edad de los destinatarios de tres a seis años. Si se detecta un trastorno en el desarrollo de los menores, se pretende asegurar una intervención temprana que posibilite su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal.

Otros objetivos: mejorar la atención de las necesidades de ayuda a domicilio y, en su caso, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar cuando exista dependencia reconocida. También se recogen programas de respiro familiar y actuaciones que contribuyan a prevenir la sobrecarga y el desgaste psicológico, físico y emocional de las personas cuidadoras. Y, de forma paralela, dar prioridad en el acceso a ayudas públicas de servicios sociales, educativas o de rehabilitación de viviendas. El documento contiene nueve líneas de actuación, 19 objetivos específicos y 104 acciones dirigidas a los menores en situación de dependencia o discapacidad, a los usuarios de los centros de atención infantil temprana y a los que presentan necesidades educativas especiales.

Se dará prioridad a esta población, en la valoración de las situaciones de discapacidad y dependencia, y en la intervención y atención en los casos que lo requieran. Igualmente, se garantiza la adaptación del funcionamiento de los centros de atención infantil temprana, para que sus horarios sean compatibles con los escolares y laborales de la familia, así como la atención educativa domiciliaria al alumnado que por salud no pueda asistir a la escuela.

En Andalucía hay 4.168 menores de 6 años que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, 6.680 presentan necesidades educativas especiales y 19.690 se encuentran bajo el paraguas del servicio de atención temprana. La Junta no ha consensuado con la plataforma de familias.