Los socios de gobierno en Andalucía adelantan su balance de 100 días para probar que esto “funciona” ante el 28A

El Consejo de Gobierno aprueba la limitación de mandatos a 8 años para todos los miembros del Ejecutivo, un plan para mejorar la coordinación con el Estado de las políticas migratorias y un Anteproyecto de Ley para reconocer a los docentes como autoridad

Con todo el boato institucional (en el Salón de Actos de San Telmo en vez de en la habitual sala de prensa) pero un marcado tinte electoralista (negado insistentemente por los protagonistas apelando a la “coincidencia” de fechas), el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, presumieron este martes del ritmo impuesto a su Gobierno de coalición con el cumplimiento de las primeras 21 medidas que se comprometieron a poner en marcha en sus primeros cien días de gobierno. En realidad esos cien días se cumplen el 2 de mayo y antes aún hay otra reunión semanal del Consejo de Gobierno, el próximo martes 31, eso sí, ya pasadas las elecciones generales de este domingo que Marín insistió en que “nosotros no las hemos convocado” para negar que hayan adelantado su balance con fines electorales y apuntar a la “coincidencia” de fechas e incluso a la eficacia que les ha llevado a cumplir a los 91 días de gobierno en vez de a los cien, tras aprobar este martes las tres últimas medidas de las 21 pactadas para este plazo.

Se trata de aprobar un Anteproyecto de Ley que reconozca a los docentes como autoridad pública (al igual que a los médicos para que en caso de agresión se considere atendado), impulsar un plan para mejorar la coordinación con el Estado de los políticas migratorias que según Moreno “nada tiene que ver” con la petición de Vox de suministrar a las fuerzas de seguridad los datos de 52.000 inmigrantes irregulares e iniciar los trámites para reformar la Ley 6/2006 del Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía para limitar a un máximo de ocho años el mandato de todos los miembros del Consejo de Gobierno “aunque cambien de cartera” e incluidos los propios Moreno y Marín, que entre bromas confía en ser “estos cuatro años vicepresidente y los próximos cuatro presidente”. Un informe del Consejo Consultivo señala que ello exige modificar el Estatuto de Autonomía, que requiere una mayoría cualificada y la celebración de un referéndum, pero Marín destacó que se trata de un informe “no vinculante” y que comunidades como Asturias y Extremadura lo han hecho sin modificar el Estatuto “y el Tribunal Constitucional no ha dicho nada en contra, no creo que lo diga en Andalucía”. La diferencia, según el Consultivo, radica en que Andalucía es una de las comunidades históricas cuyo Estatuto tiene rango de Ley Orgánica.

Con todo, la comparecencia de este martes ha tenido un mensaje claro de que la fórmula andaluza PP-Cs “funciona”, que la “lealtad mutua” entre ambas formaciones está por encima de campañas electorales, que la convivencia está resultando “bastante más fácil” de lo que “incluso” el presidente de la Junta esperaba -según admitió- y que el Gobierno es tan sólido que “tiene para rato para disgusto de algunos” y que el acuerdo de ambos partidos es “para toda la legislatura llueva, granice o haga viento”, en palabras de Moreno. Un acuerdo que exige el apoyo de un tercero para sacar adelante sus iniciativas en el Parlamento, siendo Vox de momento el interlocutor preferente en virtud de un acuerdo de investidura entre el PP y el partido de ultraderecha, al que Moreno evitó por todos los medios mencionar usando las fórmulas “grupo parlamentario” y “grupo político” tendiendo la mano al diálogo con todos -y de paso emplazando al momento en que toque pactar los Presupuestos (el consejero de Hacienda promete presentarlos antes del 1 de junio)- mientras Marín hizo hincapié en las iniciativas parlamentarias que han salido adelante “por unanimidad” e incluso sin los votos de Vox (él sí lo llamó por su nombre).

Y entre las alabanzas a cómo este gobierno está “dándole cuerda al reloj” que los socialistas habían parado por su “indolencia” e “incapacidad”, el presidente no se resistió a aludir a la “herencia” encontrada porque “hay que saber de donde partimos” para justificar que no hayan podido imprimir aún más ritmo a su “hoja de ruta elaborada al milímetro con escuadra y cartabón”: 26.923 millones sin ejecutar en los últimos dos años, 2.898 millones en subvenciones sin justificar, 4.665 pendientes de cobro no reclamados a acreedores, 762 millones en condenadas por “mala gestión”, 500.000 andaluces en listas de espera sanitarias “ocultos” y otros 34.000 dependientes sin valorar -el PSOE-A denunció ayer que hay 1.939 personas menos atendidas-.

Por cierto, que sin querer “interpretar” las palabras de su jefe, Pablo Casado, en el debate electoral de ayer en el que el líder popular cuantificó en 5.000 millones el fraude detectado en las auditorías encargadas en 12 entes de la Junta, Moreno imaginó que se refirió a las partidas investigadas judicialmente. Marín dejó claro que el resultado de esas auditorías no lo conoce Casado porque tampoco lo conoce aún el Gobierno andaluz, aunque tendrán la información esta semana pero no la harán pública hasta la próxima semana para no interferir en las elecciones generales del domingo.