Procés andaluz

La sentencia del Tribunal Supremo a los golpistas catalanes deja un reguero de mensajes imposible de descifrar en toda su magnitud con las meras crónicas de urgencia que los editores, filtraciones en ristre desde el viernes por la tarde, habían encargado durante el fin de semana. Pasarán años hasta que se perciba el auténtico calado de una resolución histórica, pues ningún territorio había logrado (siquiera por doce segundos) amputarse de España desde que Guinea Ecuatorial lo hiciese hace medio siglo, y creadora de jurisprudencia: a ver cuánto tarda en sustanciarse un segundo tantarantán de la Generalidad y cuánto en seguirla los compañeros mártires vasco-navarros, baleares y valencianos. Es significativo, así, que los cuatros condenados a penas más severas vayan a penar por el ilícito de malversación, pues emplearon caudales públicos en tratar de subvertir el orden institucional, felonía que los emparenta con este PSOE andaluz al que llevan una semana sacándole pruebas de lo que todos, más que sospechar, sabíamos con certeza: que sus repetidas mayorías absolutas en Andalucía eran el fruto de una masiva compra de votos articulada por la red clientelar tejida desde el poder. En palabras de los magistrados del TS, utilizar «caudales públicos en tratar de subvertir el orden institucional», porque eso es justamente lo que ocurre cuando un partido concurre a las elecciones dopado con las anfetaminas de los estómagos agradecidos. Como tampoco encaja este comportamiento en el supuesto de rebelión, pues no consta que los concejales socialistas de Huévar del Aljarafe se paseasen armados por el pueblo, ahí tiene un abogado pugnaz materia para empapelarlos, aunque nunca podrá pedirles veinte años de cárcel. Irían bien servidos, y quedarían escarmentados posibles imitadores, con un decenio entre rejas.