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Un clan familiar armó un «complejo» entramado para cazar ayudas

La Policía cifra en más de 3,4 millones los fondos que el SAE concedió a empresas de los Muñoz Zamora en distintas provincias

  • El empresario José Sivianes se negó ayer a contestar a las preguntas de los diputados
    El empresario José Sivianes se negó ayer a contestar a las preguntas de los diputados
Sevilla.

Tiempo de lectura 5 min.

11 de mayo de 2016. 12:18h

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Sevilla. 11/5/2016

Tirar de un hilo a veces deja al descubierto una compleja madeja. Es lo que le pasó a la Policía en relación a una de las empresas diseccionadas por el juzgado de Instrucción número 5 de Huelva en la causa sobre los cursos de formación financiados por la Junta: Interacción y Servicios Concertados SL (Insercon). Se trata de una sociedad constituida en Madrid a la que se le concedieron 75.577.50 euros para dos acciones formativas: una de «Aplicaciones informáticas de gestión» y otra de «Técnico en transporte sanitario». Su administrador único, según comprobaron los investigadores era Rodrigo J. A., quien además figuraba como apoderado de la mercantil Espacios y Confort Esconsa SA junto a Benjamín Muñoz Zamora. Éste es, a su vez, hermano de Santiago Muñoz Zamora, administrador único de Sistemas y Fomentos Tecnológicos SA (Sifosa), en la que además era apoderado el padre de ambos, Antonio Muñoz López, según el relato contenido en un informe policial consultado por LA RAZÓN. Y aquí viene el cambio de foco.

Tras sus pesquisas, los investigadores concluyen que «la familia Muñoz Zamora dirige» un «entramado empresarial» en el que la mayoría de las entidades «se encuentran domiciliadas en Madrid» se constituyeron «a finales de los años 80 principios de los 90 y sin que registren actividad aparente». Empresas, sociedades y asociaciones que «podían haber servido como instrumento para la captación de subvenciones públicas, fundamentalmente en la comunidad autónoma de Andalucía». Entre los entes de la supuesta red, los agentes citan a las mencionadas Insercon, que habría recibido 271.871 euros por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en las provincias de Granada y Huelva; o Sifosa, que se hizo con 2.085.447 euros en Sevilla, Córdoba y Huelva. A ellas suman el Centro Especializado en Formación y Asesoramiento de Nuevas Tecnologías (Cefasa), al que el SAE de Sevilla le otorgó 368.016 euros; el Servicio de Producción y Estudios SA (Serprosa), beneficiado por subvenciones formativas por valor de 220.278; la Asociación Hombre y Universo, a la que el SAE dio 299.332 euros desde Córdoba, provincia en la que el Centro Educativo Los Alcores SL, fue agraciado con 236.139. En conjunto, lo destinado a ese entramado a través de múltiples subvenciones se eleva hasta los 3.481.083,08 euros, a la luz de lo reflejado en una tabla elaborada por los agentes que trasladaron al juzgado.

Al margen de esa hilera, la Policía liga a los Muñoz Zamora a otras mercantiles como Metodología y Agrupaciones SL o Ingeniería Financiera y de Control SL. A Benjamin Muñoz en concreto se le relaciona con varios despachos como Serrano Abogados de Familia SLP, Muñoz Zamora Abogados SLP y Estudio Jurídico Itálica, del que fue consejero junto a la ex presidenta del PSOE andaluz Amparo Rubiales y el catedrático Javier Pérez Royo –ente que presentó en diciembre de 2012 el cierre provisional de hoja registral–.

En definitiva, la Policía asevera haber podido «constatar un complejo entramado empresarial controlado por los hermanos Muñoz Zamora» en el que muchas de sus sociedades «presumiblemente se habrían constituido e instrumentalizado para obtener un gran lucro mediante la obtención de subvenciones para formación», lo que sintetizan bajo el término de «cazasubvenciones». Sostiene además que esas entidades «habrían sido utilizadas a fin de facilitar la opacidad necesaria para poder desviar gran parte de los fondos públicos obtenidos» mediante las ayudas. Y añaden una tesis: la de que Rodrigo J. A. no fuese más que «un mero testaferro de la familia» en Insercon, dado que «lleva desde el año 1995 trabajando para las distintas empresas controladas» por ella y «siempre en grupos de cotización no excesivamente elevados».

Al margen de las conexiones societarias y de vuelta a la ayuda del SAE para los dos cursos analizada, los agentes destacan que se la asignaron «encontrándose de baja en la Seguridad Social y presentando deudas con la misma por valor de 38.544,10 euros», lo que está prohibido por ley.

Comunicaron también al juzgado que la docencia se facturó «por duplicado», y se subcontrató «de manera irregular con empresas vinculadas sin comunicación ni autorización para ello». Una circunstancia que se trató de justificar «mediante la presentación de tres presupuestos», que, según constataron los investigadores, fueron «emitidos por empresas del mismo entramado». En ese ámbito, las declaraciones de los propios docentes destaparon que se habían cargado a los cursos «costes de docentes inexistentes» o se habían «falsificado sus firmas y contratos». Tras éstas y otras certezas, la Policía acusa al SAE de «dejadez absoluta», si no de «una acción dolosa» en la labor de control.

Otro empresario investigado acusa a la Junta de adeudarle «importantes cantidades»

La Fiscalía solicitó para él penas de entre 6 y 12 años de cárcel en el proceso judicial en el que está envuelto, ligado a subvenciones de la Junta para formación, pero el empresario José Sivianes Sánchez, negó ayer ante la comisión parlamentaria que hurga sobre ese asunto haber «cometido irregularidad alguna» en «la concesión, gestión, ejecución ni justificación de las ayudas». Defendió que «todas las acciones» de sus expedientes «se dieron y con un alto nivel» formativo y técnico, que los costes presentados «fueron reales y estaban comprendidos dentro de los límites establecidos por las convocatorias», que no hubo «defraudación ni desvíos de subvenciones en ninguna cantidad» ni se le exoneró de justificar nada. Y pasó al ataque. Afirmó que la Junta le adeuda «importantes cantidades», lo que, a su juicio, significa que «se ha dado a cientos de alumnos desempleados formación» a su «costa».

Es propietario de la empresa Formación Integral para el Empleo que, según un juzgado sevillano, recibió 5 millones entre 2010 y 2012 y preparó un «entramado documental» para justificar los gastos ante la Junta y así poder percibir fondos sin haber efectuado la mayoría. Sivianes rehusó contestar a las preguntas de sus señorías. Tanto IU, como C’s y PP, se interesaron por sus «vínculos» con militantes o dirigentes del PSOE como Juan Luis Ferrer, «socio» de su esposa en otra empresa.

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