Fraude en los cursos de formación

Una empleada asegura que se montaban aulas antes de la llegada de los inspectores

La Razón
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Una empleada de las empresas del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda declaró ayer como testigo en la causa de los cursos de formación pagados con fondos públicos y aseguró que las aulas se montaban con ordenadores y el mobiliario adecuado antes de que llegaran los inspectores. A lo que añadió que, cuando acababa la labor inspectora, unas furgonetas recogían el mobiliario y que en una ocasión solo dejaron en las aulas los muebles de cocina, según informaron a Efe fuentes judiciales.

La declaración se produjo en el ámbito de la pieza que el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla ha abierto respecto al entramado de empresas de Ojeda, que recibieron 33,3 millones de euros de fondos públicos para acciones formativas.

La testigo, que es licenciada en derecho, relató que cuando trabajaba para la empresa Innova, una de las de Ojeda, ella misma ayudó a montar en Linares (Jaén) una instalación para lograr la homologación de los cursos, según las mismas fuentes.

Quiso dejar claro que no reclama nada para ella, pero explicó ante la jueza de instrucción María Núñez Bolaños que en 2014 denunció a la Policía las irregularidades de las que tenía conocimiento cuando leyó en la prensa las anomalías que había en los cursos de formación. La testigo también sostuvo que en 2011, en un periodo aproximado de un mes, estuvo trabajando sin estar dada de alta y sin contrato.

Luego la obligaron, según aseveró, a hacerlo como autónoma, con un sueldo teórico de 49 euros la hora y real de 26, una reducción que la mencionada empresa justificaba con unas «contrafacturas» en las que se incluían servicios de coordinación docente inexistentes.

Además de a ella, la magistrada había convocado a otro investigado, Adrián Pascual, administrador de empresas del ex consejero Ojeda, quien se acogió a su derecho a no declarar.