Castilla y León

Alicia García denuncia un reparto «totalmente sectario» del IRPF social

A pesar de ello, la consejera de Familia se abstiene en la votación porque «vamos muy tarde y nos debemos a los más vulnerables»

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, saluda a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, al comienzo de a reunión extraordinaria del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, Carmén Montón
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, saluda a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, al comienzo de a reunión extraordinaria del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, Carmén Montónlarazon

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, denunció el reparto «totalmente sectario» propuesto por el Ministerio de Sanidad del 0,7 por ciento Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2017 para Servicios Sociales.

Así lo indicó tras salir descontenta de la reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, presidida, en Madrid, por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

Alicia García recordó que la comisión delegada encargada de estudiar cómo se distribuían esos fondos acordó en mayo un reparto de manera que «ninguna comunidad perdía fondos». «Todas crecíamos en esta distribución, a raíz del incremento que hubiera en la recaudación», subrayó.

Asimismo, explicó que se acordó un incremento del 1,1 por ciento, lo que hubiera supuesto unos 211.000 euros más en el caso de Castilla y León, elevando los recursos de 20,1 a 20,3 millones de euros. Sin embargo, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez cambió el criterio buscando «una mayor aceptación» por parte de las autonomías en una nueva comisión delegada celebrada en el mes de junio, informa Ical.

Una novedad que «echó por tierra el acuerdo anterior» y con el que siete regiones no crecen y el 50 por ciento del total del incremento del IRPF (que asciende a 10 millones) «va para dos comunidades socialistas, siendo un tercio solo para la valenciana».

Trato discriminatorio

Es por eso que la consejera lamentó el trato discriminatorio que, a su juicio, supone «negar el incremento del IRPF a un importante número de autonomías. «Se impide el incremento a un gran número de entidades del tercer sector, y a un importante número de personas vulnerables», afirmó.

Pese a ello, Alicia García se abstuvo en la votación para mantener la financiación de 20,1 millones porque «vamos muy tarde y nos debemos a las personas más vulnerables», y añadió que su Consejería tiene las bases de la convocatoria para acceder a esos fondos publicados desde abril de este año. «Castilla y León no pierde, recibiremos la misma cantidad, pero no es justo que el incremento no nos llegue», reiteró la responsable regional de la cartera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Por otra parte, el Consejo Territorial de Servicios Sociales aprobó los créditos de distribución destinados a las comunidades autónomas para la realización de programas de servicios sociales de protección a la familia y de atención a la pobreza infantil. En este ámbito, Castilla y León recibirá por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales este año 7,3 millones de euros para tres programas, lo que supone la misma cantidad que el pasado año.