La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ultima el «giro» social a su política de vivienda con la puesta en marcha del parque público de vivienda en alquiler de Castilla y León, que se convertirá en un instrumento también para impulsar la rehabilitación. Para ello, presentará en unas semanas el decreto que constituirá este servicio público, que dará prioridad a las poblaciones con más de 20.000 habitantes y recibirá los aprovechamientos de la administración en los nuevos desarrollos urbanísticos.

En ese sentido, el departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones ultima esta normativa, la primera de la legislatura que a través del fomento del alquiler priorizará el acceso a la vivienda de los sectores de la población más vulnerables. Además, esta medida, uno de los compromisos de Fomento y Medio Ambiente para este mandato, pretende dar una salida al «stock» de viviendas que no encuentran propietario, que superan las 35.000 en la Comunidad.

Asimismo, la Consejería, de acuerdo al protocolo del Consejo de Diálogo Social suscrito en marzo del pasado año, prepara el despliegue del nuevo parque público de vivienda, que tendrá rango de servicio público de interés general. Para ello, Fomento dotará a este instrumento de un estatuto sobre su gestión, conservación y mantenimiento, con el fin de garantizar una oferta «suficiente» en cuanto para la población sin vivienda y con recursos escasos.

Fomento prevé también en la normativa que dará base al parque la constitución de un órgano público que será el instrumento que se responsabilice de la gestión de este servicio, dependiente de la Junta de Castilla y León. Además, el borrador de la Consejería establece, entre otras facultades, la de encargarse de las ayudas que se dedicarán a los inquilinos en situación complicada y las actuaciones de rehabilitación de las viviendas. La Consejería ha reservado una partida de 2,37 millones este año para la puesta en marcha del parque de vivienda en alquiler, que ofrecerá viviendas cuyos alquileres no absorberán las rentas disponibles de los inquilinos de las viviendas del parque, personas con un nivel de renta «insuficiente» y colectivos con prioridad en el acceso a la vivienda protegida. Además, la Junta prevé dejar en sus manos el aprovechamiento que corresponde a la administración en los desarrollos urbanísticos.

Otro de los rasgos que definirá el parque público de Castilla y León será su relación con la política de rehabilitación y regeneración urbana, que contará este año con una nueva estrategia, que se presentará antes de junio. Para ello, Fomento priorizará la vivienda en alquiler en las actuaciones de renovación urbana que se pongan en marcha en el futuro, establecerá criterios de calidad para el alquiler público y dedicará financiación para la reforma de inmuebles que aporten viviendas para su inclusión en el parque.