La responsabilidad patrimonial genera el 75% de los dictámenes del Consejo Consultivo

Los expedientes de responsabilidad patrimonial, aquellos en los que los castellanos y leoneses reclaman por daños o perjuicios derivados del funcionamiento de los servicios que prestan las administraciones, generaron el 75 por ciento de los dictámenes del Consejo Consultivo de la Comunidad en el último año.

La aprobación ayer de la memoria anual del 2018 sacó a la luz este dato y que el pasado ejercicio esa institución propia de la Región con sede en Zamora emitió 557 dictámenes y 131 resoluciones de contratación, según precisó el presidente de la institución, Agustín Sánchez.

Las Administraciones locales fueron las que más solicitaron estos servicios, el 52 por ciento del total, mientras que el resto correspondieron casi todos a la Administración autonómica, con la Consejería de Sanidad a la cabeza en número de peticiones, un total de 134.

Durante la sesión plenaria celebrada en la sede, Sánchez destacó la «importancia» de esta institución como «garantía» de los derechos e intereses de los ciudadanos y las entidades locales. «En 2018, la función consultiva en Castilla y León cumplió 15 años como garante del interés general, del derecho a la buena administración, de la legalidad objetiva y de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos», insistió.

«El Consejo Consultivo ha ido evolucionando y es hoy una institución fuerte y consolidada que ha asumido nuevas competencias y ha sabido adaptarse a las necesidades de la Comunidad autónoma», añadió.

Igualmente, recalcó que la adscripción, en 2012, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL) «ha contribuido a la actual fortaleza de la institución». «Juntos hemos demostrado nuestra utilidad y necesidad», agregó.

Asimismo, subrayó que el Consejo Consultivo de Castilla y León se caracteriza por la «independencia jurídica, neutralidad política, transparencia y eficiencia», además de incidir en la «agilidad» a la hora de emitir los dictámenes, ya que más del 90 por ciento se realizaron en un promedio de trece días hábiles, «un plazo muy inferior a los 20 días establecidos legalmente».

«El grado de aceptación de los dictámenes es, además, prácticamente unánime, prueba inequívoca del fundamento que emana de sus resoluciones», concluyó.

Primera visita del presidente

Al acto acudió también el presidente de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez, que puso en valor la labor del consultivo como institución propia de la Región que permite «mayores niveles de calidad democrática».

Por este motivo, su primera visita como dirigente del Parlamento autonómico a una de las instituciones propias de Castilla y León fue al Consultivo, al que quiso dar la «máxima importancia» porque su papel resulta «fundamental».

Recordó, del mismo modo, que las instituciones propias son «herramientas del autogobierno» y apostilló que Zamora «tiene que sentirse orgullosa de disponer de una de las instituciones más relevantes para el funcionamiento de la democracia en nuestra Comunidad».

Finalmente, aseveró que la actividades del TARCCyL aumentó un 8,3 por ciento en 2018 por la ampliación del objeto del recursos presencial en materia de contratación y la reducción del importe establecido para interponer el recurso en la Ley de Contratos del Sector Público.