Una reforma para servir mejor y ganar en eficacia

Acometidos severos ajustes que han afectado a todos los castellanos y leoneses, las instituciones se aprietan también el cinturón pero, en esta ocasión, para afrontar, en esta primera parte del año, una nueva vuelta de tuerca que acomode sus estructuras a la realidad imperante y para servir mejor y ganar en eficacia hacia los ciudadanos.

Son, sin duda los objetivos primordiales de la Reforma de la Administración Autonómica que tiene ocupados, en estos días, a los responsables de los grupos parlamentarios de las Cortes, así como a la Junta de Castilla y León, concretamente a la Consejería de la Presidencia, que lidera este frente, como también el de la Ordenación Territorial. Y es que, tal como detallaba el responsable de ese departamento, José Antonio de Santiago-Juárez, en diciembre, durante la comunicación que presentó ante el pleno del Parlamento autonómico, el reto que defiende el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera es lograr una administración más acogedora, proactiva y sencilla y dar respuesta a una clamorosa demanda social para que sea «más moderna, transparente, ágil, eficiente y austera», dos finalidades presentes en esos dos grandes procesos.

Tras una amplísima batería de medidas para racionalizar estructuras afrontada desde la anterior legislatura, el Gobierno autonómico acomete ahora una ofensiva que contempla decenas de propuestas enfocadas a la mejor organización de las instituciones, la coordinación y reducción de duplicidades, la modernización administrativa, la reestructuración de lo público y la aplicación de soluciones.

En total, medidas que buscan un ahorro superior a los 38 millones de euros, a partir de una menor exigencia de trámites y una estructuración racional.

Sólo para el mes que está a punto de culminar, se previeron decenas de soluciones. Por ejemplo, la racionalización de órganos colegiados de gobierno -con la supresión de la Comisión Delegada de Política Territorial- para reducir tiempos de tramitación en los procedimientos.

O la generalización del uso del correo electrónico de cara al intercambio de documentos, como vía de conexión con el Procurador del Común, una indicación que se aplicará antes de junio al Consejo Consultivo.

También en el marco de las medidas institucionales, pero dentro del primer trimestre del año, se ha marcado como prioritario apoyar a las entidades locales menores para que puedan presentar sus balances ante el Consejo de Cuentas antes de que concluya el año. De igual modo, se agilizarán pasos cuando los informes del Consultivo sean preceptivos para una tramitación más ágil de los anteproyectos de Ley. Antes de que finalice marzo se dará luz verde al Proyecto de Ley de Transparencia y Gobierno Abierto y se reordenarán cerca de un centenar de órganos sectoriales de participación, rebajando el número actual en un 60%. Por otra parte, se racionalizarán los órganos de colaboración con entidades locales para que el Consejo de Cooperación Local focalice todas las actuaciones, tras simplificarse su composición y estructura para agilizar su funcionamiento.

El primer trimestre marcará, igualmente, la determinación de que un único Observatorio funcione, unificando soluciones ante asuntos como la violencia de género, convivencia escolar o agresiones a personal sanitario. Por otra parte, se regulará la identidad institucional para evitar la dispersión de marcas y sólo habrá un órgano colegiado de coordinación interna, la Comisión de Secretarios Generales.

Reducción de duplicidades

Otro bloque de medidas sitúa el foco en la mejora de la coordinación, a partir de medidas internas, con las entidades locales o el Estado. Soluciones como que los órganos de un departamento puedan llevar a cabo funciones de su Consejería, pero también de entes adscritos a la misma se popndrán negro sobre blanco este trimestre, como la simplificación de estructuras administrativas en torno a un 20 por ciento, en este caso con un ahorro potencial de 12,6 millones de euros al año.

Un millón y medio menos de gastos supondrá integrar en la Gerencia de Servicios Sociales funciones de la Consejería que ampara a aquélla, Familia e Igualdad de Oportunidades, que reordena las gerencias territoriales. Por otra parte, se optimizará la eficiencia de los servicios jurídicos, para que lleguen al conjunto del sector público.

Con respecto a la administración local, se persigue que cuando culmine el proceso de implantación de la Ley se logre un ahorro municipal de 231 millones de euros. En este ámbito, se impulsará la Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano de Castilla y León, al que se han adherido 361 entidades locales.

En relación con la Administración del Estado, se busca mayor coordinación en ámbitos como la atención a inmigrantes, los proyectos de Cooperación al Desarrollo o los servicios de Empleo, la gestión de emergencias o la rebaja de trámites en actuaciones relacionadas con el agua. La flexibilización del personal, a partir de los departamentos de Recursos Humanos, la potenciación de la administración electrónica, con medidas como la posibilidad de teletramitar más de 600 trámites, la simplificación administrativa, con un avance en el número de procedimientos con autorización provisional, o la revisión en el procedimiento sancionador y de pago -que supondrá un ahorro estimado de un 25 por ciento en cargas de trabajo- son ejes previstos entre las medidas de modernización administrativa. Como también lo es un refuerzo de la Administración periférica, con una mayor coordinación y seguimiento de la gestión.

No habrá nuevos entes

En cuanto a la reestructuración del sector público, se rebaja la aportación a fundaciones, se rebaja la posibilidad de crear entes del sector público y los fondos dirigidos a la actividad privada.