Los profesores se plantan y azuzan la campaña con una huelga el 16 de mayo

El malestar social gestado durante seis años de «procés», después de unos recortes salvajes en educación, sanidad y el resto del sector público, vuelve a estallarle al gobierno de Quim Torra, ahora, en campaña. Cinco meses después de apagar los fuegos del noviembre caliente, cuando los médicos de familia, estudiantes, profesores, bomberos y otros funcionarios convocaron paros y salieron a la calle para reclamar que ya es hora de revertir los recortes, los sindicatos de educación vuelven a preguntar qué hay de lo mío. Todos a una, USTEC-Stes –el sindicato mayoritario de los profesores de Primaria y Secundaria–, CCOO, UGT, ASPEC-SPS y las intersindicales IAC y CSC, anunciaron ayer que harán huelga el próximo 16 de mayo si no llegan a un pacto con el Govern para recuperar las condiciones laborales anteriores a 2010.

Dan tiempo para debatir. Registrarán una petición para organizar una mesa negociadora de urgencia con el Govern. Pero antes de sentarse, ponen una línea roja: exigen restablecer el horario lectivo anterior a los recortes el próximo curso a todo el personal. En mayo, está previsto que se publique el Decreto de Plantillas que asigna los docentes para el curso 2019-2020. «Y con esta espada de Damocles encima», los sindicatos alegan que se ven «obligados» a presionar a Educación para renegociar sus demandas que se resumen en volver a las condiciones de 2010.

Para recuperar el horario lectivo semanal anterior a los tijeretazos, esto son 23 horas en Primaria y 16 en Secundaria, los sindicatos calculan que se debería contratar 7.000 docentes y aumentar el presupuesto de educación en 100 millones. Piden volver al horario de permanencia del profesorado de Secundaria de 24 horas semanales y reducir la ratio de alumnos a 22 estudiantes por grupo en Primaria y 27 en Secundaria. Otras demandas son no cerrar ningún grupo en la educación pública, la conversión de las jornadas de dos tercios en medias jornadas, consolidar los puestos de trabajo de los interinos y reducir la carga lectiva a los mayores de 55 años. También piden incrementar el personal de apoyo a la docencia, indispensable para atender la diversidad si se quiere una escuela inclusiva. Avisan de que la prórroga presupuestaria no puede ser una excusa como lo fue el 155. Una idea: un Decreto Ley para dotar a Educación de los 100 millones extra.