El Govern admite que investiga por qué los dos menores no estaban bajo su red de tutelaje.

La agresión sexual a una joven y una puñalada a su novio en la estación de Can Peixauet de Metro, en Santa Coloma de Gramenet, ocurrido en la madrugada del domingo, está provocando una guerra en forma de cruce de declaraciones entre administraciones, Generalitat y ayuntamientos.

La pareja fue acosada por un grupo de quince jóvenes, trece adultos y dos menores. Ocho de ellos quedaron en libertad, pero el juez dictó ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para cinco del resto de arrestados. Están investigados por un presunto delito de agresión sexual sin acceso carnal y, tres de ellos, además por homicidio en grado de tentativa.

Al margen del suceso y de la decisión del juez, la polémica se centra en los dos menores. En un primer momento, tras ser detenidos, se dudó de su edad, por lo que pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores, con el objetivo de comprobar si tenían menos de 18 años y, por lo tanto, deberían estar tutelados por la Generalitat.

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani, manifestó que desconocían si dos de los detenidos eran menores o no. Al poco rato, la secretaria general de Atención a la Infancia y Adolescencia (Dgaia), Georgina Oliva, admitió que uno de ellos estuvo bajo la tutela de su departamento hace tres años.

Las pruebas radiológicas demostraron que dos de los arrestados son menores, por lo que finalmente la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, admitió que están analizando el motivo por el que estos dos chicos implicados en el caso no estaban en la red de protección de menores de la Generalitat. En definitiva, ninguno de los arrestados están bajo tutela de esta administración, y además vivían en un edificio «okupado» ruinoso, al lado de la estación, que ya fue tapiado.

Por su parte, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, dijo el lunes que «el Govern era conocedor de la existencia de este grupo», y afirmó que estaban «localizados», y del que su Consistorio ya había informado en diferentes juntas de seguridad.

El mismo día recibió el apoyo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que tachó de «desastre» el sistema de protección de menores de la Generalitat. Parlon volvió a hablar ayer y pidió más recursos para hacer frente a este problema, que calificó de «complejo», y denunció que su Ayuntamiento ha quedado al «descubierto». Unos 200 vecinos protestaron ayer ante el Consistorio por este suceso.