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El Estado ve «vicios de inconstitucionalidad» en los cambios de la ley de farmacias

La obligación de todas las residencias a integrarse en un sistema de gestión pública atenta contra el sistema de distribución de competencias, según la Administración

  • La consellera de Sanidad, Carmen Montón (tercera por la izquierda) y los presidentes de los tres Colegios de Farmacéuticos, en abril del año pasado tras la reunión en la que se trató el proyecto Resi-EQIFar
    La consellera de Sanidad, Carmen Montón (tercera por la izquierda) y los presidentes de los tres Colegios de Farmacéuticos, en abril del año pasado tras la reunión en la que se trató el proyecto Resi-EQIFar / Archivo
Valencia.

Tiempo de lectura 4 min.

07 de abril de 2018. 19:27h

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R. P. - .  Valencia. 8/4/2018

La Administración del Estado ha puesto en pausa la alegría de la Conselleria de Sanidad. Si hace apenas una semana, el Departamento que dirige Carmen Montón celebraba la recuperación de la gestión del hospital de Alzira, ayer una institución estatal ponía en tela de juicio sus decisiones al apreciar «vicios de inconstitucionalidad» en la modificación de la Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunitat Valenciana llevada a cabo por la Generalitat en la Ley de Presupuestos para 2018 y que entró en vigor el pasado mes de enero.

Según la Administración del Estado, la exclusión de las oficinas de farmacia de la prestación farmacéutica en las residencias sociosanitarias decretada por la Generalitat y la obligación de todas las residencias, públicas y privadas, a integrarse en un sistema de gestión pública directa atenta contra la normativa básica estatal y con ello, contra el sistema constitucional de distribución de competencias.

«Sanidad debe rectificar»

En consecuencia, según el Colegio de Farmacéuticos, el Estado ha registrado ya ante el Tribunal Constitucional el requerimiento enviado a la Generalitat para convocar la comisión bilateral de cooperación entre ambas Administraciones e iniciar negociaciones tendentes a la búsqueda de un acuerdo que permita resolver las discrepancias existentes.

Este acuerdo deberá pasar por el compromiso de la Generalitat de modificar el texto legal aprobado para ajustar su contenido a la Constitución y la normativa básica estatal.

En caso de no alcanzarse dicho acuerdo, el Gobierno interpondrá, previo dictamen del Consejo de Estado, el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, que acarreará la suspensión automática de la norma impugnada.

Fuentes del Colegio de Farmacéuticos indicaron ayer que confían en la responsabilidad institucional de la Generalitat «y en su voluntad de negociar lealmente con el Estado en aras a alcanzar una solución que garantice la creación de una base legal sólida que permita construir el más eficiente modelo de prestación farmacéutica socio sanitario para nuestra Comunidad».

Al respecto, consideran que «es el momento de que la Conselleria de Sanidad rectifique y, cuente con la farmacia comunitaria para poner en marcha un modelo de calidad para al residente. Queremos un modelo que una a la farmacia hospitalaria, la farmacia de atención primaria y la farmacia comunitaria con el resto de profesionales sanitarios para combatir de forma conjunta la cronicidad».

Asimismo, lamentaron que «desde la Presidencia y Vicepresidencia de la Generalitat no nos hayan querido escuchar, para mediar en un tema de tanto calado social como es la salud de los ciudadanos».

Un cambio legislativo en tela de juicio

El nuevo modelo de prestación farmacéutica para las personas que se encuentran en residencias de mayores, tanto públicas como privadas, suponía un ahorro de unos quince millones de euros al año, según la Conselleria, pero dejaba a las farmacias comunitarias sin una importante fuente de ingresos. Según dos informes encargados por los Colegios de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana, en el programa Resi-EQIFar de la Conselleria no se aplica el artículo 6 del Real Decreto 16/2012 y se contraviene la Ley de Autonomía del Paciente y el artículo 85 de la Ley de Garantías, lo que les llevó a emprender acciones legales contra el cambio propuesto por la Generalitat.

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