Los 1.500 millones inexistentes de los presupuestos de la Generalitat Valenciana

Esa cantidad se suma a los polémicos 1.325 millones «reivindicativos» que se exige al Gobierno por la falta de financiación

Los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2019 consolidados ascienden a 22.096,2 millones de euros, una cifra que representa un incremento del 10,7 por ciento con respecto a los 19.956,9 millones del año pasado. Teniendo en cuenta que la previsión de crecimiento de la economía valenciana es del 2,5 por ciento, tres décimas por debajo de este año, y que todos los organismos internacionales hablan de una ralentización de la economía, llama la atención un presupuesto tan expansivo. Pero tiene una explicación. Y esta no es otra que existen unos 2.600 millones de euros en las cuentas que son inexistentes.

Para empezar, se han incluido, otro año más, los 1.325 millones de euros «reivindicativos» que equivalen a lo que debería recibir de más la Comunitat para estar equiparada con la media de las autonomías en cuanto a financiación estatal. Por el momento, ninguno de los ejercicios en los que se ha incluido esta cantidad, el dinero ha llegado, por lo que es de esperar que tampoco lo haga en 2019.

Este año la Generalitat ha ido más allá, y ha recurrido a reclamaciones nuevas. La primera de ellas es la posible relajación del déficit autorizado para el año que viene. En este momento es del 0,1 por ciento, aunque el Consell confía en que al final el Gobierno central consiga aprobar su senda de estabilidad para el año que viene, con lo cual el déficit sería del 0,3 por ciento, es decir, la región podría gastar 354 millones más.

Por otro lado, la Conselleria de Hacienda ha incluido una partida de 250 millones de euros referentes a un préstamo estatal por la revisión en la manera en la que se liquida el IVA. Pero esta cantidad tampoco es efectiva. Además, el Consell reclama el pago 344 millones del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) histórico por gasto sanitario de desplazados. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, explicó ayer durante la presentación de las cuentas, que la exconsellera de Sanidad Carmen Montón ya reivindicó este ingreso en una carta remitida al Ministerio y mientras fue ministra dijo que lo haría efectivo, y dijo confiar en que la actual ministra lo tendrá en cuenta. En todo caso, sigue siendo una cuestión de fe.

Para continuar, el Consell ha incluido 303 millones de euros, la cantidad que debería pagar el Gobierno central en concepto del 50 por ciento de las ayudas a la Dependencia en la Comunitat. El problema es que el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Madrid, que se conformaba con llegar al 25 por ciento para el año que viene, y que Sánchez le comunicó que sería de manera progresiva.

Por si esto fuera poco, el Gobierno valenciano sigue incluyendo en la partida de ingresos 300 millones por liquidaciones de las concesiones sanitarias, que están en este momento en fase de litigio en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Sanidad ha perdido en los tribunales un recurso contra la forma de calcular dichas liquidaciones y la propia Montón redujo esta cantidad de 300 a 182 millones de euros, aunque en los Presupuestos para el año que viene se vuelven a incluir.

Con todas estas partidas hipotéticas se alcanza una cifra de 1.551 millones de euros en los Presupuestos que se encuentran absolutamente en interrogante, y algunos de ellos son más que de dudoso cobro.

Pero el optimismo del Consell va más allá. Soler, quien nada más llegar a la Conselleria decidió no vender ningún edificio público, ha cambiado de opinión. Ayer explicó que a finales de año contarán con un inventario de inmuebles públicos con el objetivo de analizar aquellos que no tienen ningún uso y, por lo tanto, se pueden vender. Además, aseguró que el mercado inmobiliario se encuentra al alza, por lo que podría ser un buen momento para obtener unos ingresos extra de estos activos.

Por lo que respecta a la deuda, el aumento de la misma representa un 30 por ciento del incremento total del presupuesto. Los pasivos financieros ascienden a 5.281,3 millones de euros, una cifra que el Gobierno del Botànic sigue achacando al anterior Consell del PP.