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El alcalde de Coslada, el primero de la legislatura que irá a juicio

Ángel Viveros se sentará en el banquillo acusado de un delito de prevaricación. La Fiscalía le pide casi 4 años de prisión por autorizar unas obras sobre un yacimiento arqueológico.

  • Viveros ha sido regidor del municipio de 2007 a 2011 y de 2015 hasta la actualidad
    Viveros ha sido regidor del municipio de 2007 a 2011 y de 2015 hasta la actualidad

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22 de agosto de 2019. 05:11h

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Laura L. Álvarez 22/8/2019

Se presentó como candidato a la alcaldía de Coslada a sabiendas de que la jueza ya había dictado la apertura de juicio oral contra él y no cabía recurso sobre ese auto. Fuentes cercanas al PSOE de la localidad aseguran que lo «ocultó» ante los afiliados y de cara a la propia dirección del PSM durante la campaña electoral porque sino hubiera sido «más que probable» que no hubiera encabezado la lista del partido por ir contra el «código ético» de la formación. Él alegaba que estaba recurrido y que no iría a juicio pero no fue así. Finalmente, se presentó y ganó. Ángel Viveros se convierte ahora en el primer alcalde madrileño de esta legislatura que se sentará en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación urbanística y otro contra el patrimonio histórico –recogidos en los artículos 320 y 323 del Código Penal, respectivamente– por haber concedido a Hipercor un permiso para iniciar las obras del centro comercial en un yacimiento arqueológico donde había restos del paleolítico. La Fiscalía le pide casi cuatro años de prisión, una multa diaria de 12 euros durante 18 meses (6.480 euros) y la obligación de indemnizar a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid con 2,2 millones de euros.

Según el Ministerio Público, el 10 de diciembre de 2010 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que dirigía Viveros aprobó la concesión de una licencia a Hipercor para poder excavar en la zona arqueológica de El Calvario para la construcción de un centro comercial e «ignoraron» la obligación de solicitar una autorización a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, ya que ese yacimiento se encontraba protegido con el fin de determinar si era o no declarado BIC (Bien de Interés Cultural). La Fiscalía considera que los responsables ignoraron «de forma consciente» esa protección especial y, cuando las obras comenzaron en 2012, las excavadoras destruyeron una «parte considerable» del yacimiento; unos daños cifrados por la Comunidad de Madrid en 2,2 millones de euros. La Fiscalía ya se había pronunciado al respecto, solicitando para el primer edil tres años y nueve meses de cárcel «y la inhabilitación especial para empleo o cargo público en cualquier Administración local (y para el ejercicio de funciones relacionadas con el urbanismo en cualquier otra administración) durante un periodo de ocho años». Después de la petición del Ministerio Público, la magistrada desoyó la solicitud del socialista, que pedía el sobreseimiento de la causa, y decidió abrir juicio oral contra él en un auto sobre el que no cabe recurso y al que ha tenido acceso este diario. En el mismo, declara órgano competente al Juzgado de lo Penal de Alcalá de Henares al tratarse de una pena inferior a cinco años de prisión, aunque podría inhibirse a favor de la Audiencia Provincial al contemplar también una inhabilitación para su cargo durante ocho años.

El alcalde cosladeño ya ha presentado la fianza de 8.640 euros junto a los otros tres imputados en la causa para «asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles», según señala la magistrada en el auto, fechado a 13 de febrero. A lo largo del proceso de instrucción, se han ido «cayendo» otros imputados, como el actual portavoz del PP y ex alcalde de la localidad, Raúl López. Finalmente la jueza ha decidido procesar al actual alcalde, al que fuera concejal de Urbanismo (ya jubilado) Antonio Murillo y a dos técnicos municipales: Ángel Martínez, que era secretario general en funciones del consistorio, y José Luis Alonso, que continúa como director de los Servicios Técnicos de Obras y urbanismo. Muchos funcionarios del Ayuntamiento critican con respecto a estos dos técnicos que no hayan sido suspendidos de funciones de forma cautelar hasta que se resuelva el asunto como a cualquier funcionario que esté procesado.

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