El frente judicial, el camino a ninguna parte de la izquierda

Más que por los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo regional o por las propuestas llevadas a la Asamblea de Vallecas, la labor de oposición de Tomás Gómez desde que asumió las riendas del PSM ha estado marcada por las batallas judiciales planteadas. Envites en los que el PSM ha ido siempre de la mano de los sindicatos, y en los que ha gozado del apoyo ocasional de Izquierda Unida y de UPyD. Casi todas estas batallas han culminado con una sentencia que echaba por tierra los argumentos jurídicos planteados por Gómez y los sindicatos. Tan sólo la oposición del PSM a la externalización de seis hospitales que pretendía llevarse a cabo en la actual legislatura ha logrado sus frutos, a pesar de que ello no ha sido el resultado de una resolución en firme contraria a la iniciativa del Gobierno de Ignacio González, sino a la decisión de este último de paralizar el proceso ante el retraso de los juzgados en pronunciarse respecto a este contencioso. Especialmente relevantes han sido los reveses que sus recursos judiciales han recibido en materia educativa y sanitaria. El TSJM, por ejemplo, ha avalado en estos años decisiones del Gobierno de la Comunidad de Madrid tachadas de «ilegales» por Gómez. Buen ejemplo de ello son el aumento de 18 a 20 del número de horas lectivas de los docentes de Secundaria, la publicación de las notas obtenidas en las pruebas de control por los alumnos de Sexto de Primaria, el decreto que otorgaba más autonomía curricular a los centros o la competencia de la Consejería de Educación para contratar profesores nativos como auxiliares de conversación en las clases de lengua extranjera, fundamentalmente para el desarrollo del programa bilingüe de la Comunidad. Recientemente, el TSJM también ha avalado la decisión de la Consejería de Sanidad de fijar el límite de edad para los médicos en los 65 años. Con esta decisión, este tribunal subrayó la legalidad de la medida por la que la Comunidad estableció la jubilación forzosa de los profesionales sanitarios al cumplir 65 años, dejando un margen para que hasta un máximo de un 30% de estos facultativos pudieran prolongar su vida laboral en el sistema público hasta los 70 años. También en este año, el TSJM respaldó a la Comunidad en su decisión de que en las oposiciones a maestro primara la nota del examen sobre la experiencia.