La Comunidad llevará Madrid Central ante los tribunales

El presidente regional enviará una carta personal a Carmena para pedir la paralización del APR.

«La Comunidad de Madrid y muchos ayuntamientos estamos dispuestos a llegar hasta el final, por supuesto si fuese necesario hasta los tribunales», afirmó ayer el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido respecto a la paralización del nuevo Área de Prioridad Residencial (APR) Madrid Central. De hecho, el líder del Ejecutivo madrileño adelantó que mañana enviará una carta personal a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, para exigir que dé marcha atrás y paralice el proyecto del cierre al tráfico del Centro «sine die».

A continuación, desde el Gobierno regional se propone trabajar «con seriedad» y durante «mucho tiempo» en el plan para convertir el centro de la capital en una zona de bajas emisiones porque, según detalló Garrido, «un proyecto de esta naturaleza no se hace ni en días ni en meses». De hecho, el presidente madrileño criticó la información que el pasado viernes aportó el Ayuntamiento de Madrid en la reunión con la consejera de Transporte, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, en el marco de una reunión extraordinaria y monográfica sobre Madrid Central en el Consorcio Regional de Transportes. Garrido aseguró que se trata de un «''documentito'' de diez hojas que no explica nada» y calificó el legajo de un «manual de usuario».

Es por ello que el Ejecutivo regional ha reclamado al consistorio madrileño una documentación «seria». «No se puede abordar un proyecto de 470 hectáreas sin nada, ni un solo papel», criticó. En este sentido, Garrido insistió en que está dispuesto a llegar «hasta el final», y «si fuera necesario», a los tribunales. «A mí no me gustaría tener que llegar a eso, espero que reflexione y obligue a la delegada a dar marcha atrás», apuntó.

Al respecto, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, contestó a través de las redes sociales que la «amenaza» de llevar Madrid Central a los tribunales va «contra el principio de autonomía local, la obligada protección de la salud , las recomendaciones de la UE y su propio plan de calidad de aire». Y es que pese a que tras la reunión del viernes en el Consorcio Regional de Transportes, Comunidad y Ayuntamiento pusieron en marcha una comisión técnica compuesta por expertos de ambas administraciones para estudiar la movilidad dentro del nuevo Área de Prioridad Residencial, horas después ni el Gobierno regional ni el municipal cedieron en sus pretensiones tanto de paralizar como de poner en marcha la APR el próximo 30 de noviembre como estaba previsto. Es más, el consistorio madrileño aprobará mañana el decreto que regulará las condiciones de Madrid Central en una Junta de Gobierno extraordinaria.