Doce años de abandono del solar de Carabanchel

Hace doce años, el brazo de una excavadora, de 20 metros de largo, empezaba el derribo de la cárcel de Carabanchel, que había quedado fuera de servicio nueve años antes. Bajo los escombros quedaban 55 años de lo que había sido el mayor centro penitenciario de España y un inmenso solar de 172.144 metros cuadrados de superficie destinado a albergar un hospital de referencia, un Centro de la Memoria Histórica, 350 viviendas, y equipamientos públicos, como escuelas infantiles, además de un centro de mayores. Pero doce años después, este terreno es el solar abandonado más antiguo que se mantiene sin edificar en Madrid. Los vecinos de Carabanchel y Latina vuelven a la carga reivindicativa; exigen que se construya, de una vez por todas, el hospital de zona que los partidos políticos se comprometieron a apoyar en la pasada campaña electoral, y así se lo prometieron a los representantes vecinales. Han pasado ya ocho meses desde que se celebraron los comicios municipales y autonómicos, y ningún partido, ni en la Comunidad, ni en el Ayuntamiento de Madrid, ha hablado del asunto. Vecinos, comerciantes y entidades sociales vuelven a la carga: «Hospital para Carabanchel, ya».

Del plan parcial que se redactó en su día para los terrenos liberados por el derribo de la cárcel de Carabanchel solo se ha ejecutado un complejo policial, compuesto por la Brigada Provincial de Extranjería, la comisaría de Latina y el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Frente a ellos queda un inmenso solar yermo, vallado, manteniéndose como entrada al mismo el pórtico testimonial del acceso principal de la cárcel, un portalón con columnas a ambos lados.

En el PERI (Plan Parcial de Reforma Interior) figura como propiedad de la Dirección General de Patrimonio del Estado y de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios la parcela principal, de 162.524 metros cuadrados de superficie, de los cuales, 40.000 quedaban reservados para la construcción del hospital. El Ayuntamiento recalificó los terrenos como residenciales y de uso terciario. Una segunda parcela, de 1.512 metros cuadrados, es propiedad del Ministerio del Interior, y la tercera, de 8.222 metros cuadrados, pertenece a una inmobiliaria y está destinada a la construcción de viviendas.

Ayuntamiento y Ministerio del Interior firmaron un acuerdo en 2015 para el desarrollo del plan parcial de esta gran parcela. Pero Ana Botella dejó la alcaldía a Manuela Carmena y con el cambio de gobierno se paralizó la actuación urbanística. Ahora los vecinos piden al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que se ponga en marcha para dar uso a ese solar vacío, abandonado.

La principal reivindicación vecinal es la construcción de un hospital. En plena campaña electoral, varios colectivos se reunieron con los partidos políticos que concurrían a los comicios y todos se comprometieron a impulsar este viejo proyecto que por cuestiones administrativas, económicas y burocráticas, tiene a medio millón de habitantes de Carabanchel y Latina sin hospital de referencia en la zona, siendo los más cercanos de la red asistencial de la Comunidad el 12 de Octubre y el Clínico. Solo cuentan en el distrito de Carabanchel con uno concertado mediante convenio: el Hospital Militar Gómez Ulla.

La propiedad de los terrenos donde estuvo asentada la antigua cárcel de Carabanchel era del Ministerio del Interior, pero para desarrollar el planeamiento previsto, el solar debería pasar a titularidad municipal. Curiosamente, en esa negociación participó en representación del grupo municipal socialista el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras el acuerdo, el Ayuntamiento se comprometía a ceder a la Comunidad de Madrid una parcela de 40.000 metros cuadrados de superficie para que la administración autonómica construyera el hospital, una idea que nació erizada de dificultades, ya que a finales de 2009 el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, propuso que en vez de un hospital se construyera un centro sanitario de menor entidad, lo que provocó el rechazo de los vecinos. Ante esta situación, la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, se reafirmó en la promesa de construir un hospital de referencia. Pero la crisis económica dejó el proyecto sin viabilidad presupuestaria y la idea quedó «para más adelante».

Los vecinos creen que ya ha llegado el momento de acometer uno de los proyectos pendientes más importantes para dos distritos que suman más de medio millón de habitantes y acabar con esa situación de transitoriedad, que es el concierto temporal con el Hospital Militar Gómez Ulla, firmado para cubrir las necesidades perentorias de la población, en tanto no se construya el nuevo hospital en la parcela de la antigua cárcel de Carabanchel.

El convenio se firmó en diciembre de 2010 entre la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, y la presidenta regional, Esperanza Aguirre. La Comunidad destinaba un gasto de 250 millones de euros en diez años en concepto de prestación de asistencia especializada en régimen hospitalario, consultas externas, actividad quirúrgica ambulatoria y pruebas diagnósticas a la población civil de Carabanchel y Latina. El acuerdo tiene fecha de caducidad: enero de 2021. Para entonces, los vecinos de ambos distritos esperan que el proyecto de un nuevo hospital sea una realidad y que se desarrolle el planeamiento previsto, sobre todo los equipamientos públicos en esa parcela, abandonada desde hace doce años, donde estuvo la cárcel de Carabanchel y de la que salieron, en el año 1999, los últimos reclusos, un total de 2.000 hombres y 500 mujeres. La piqueta tardaría aún nueve años en comenzar el derribo de las instalaciones penitenciarias