La falta de acuerdo entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico madrileño sume desde hoy en el caos y la incertidumbre a 4,8 millones de habitantes de esta región.

A las 22 horas de anoche entraron oficialmente en vigor las nuevas limitaciones de movilidad decretadas por el Ministerio de Sanidad para la capital y otras nueve ciudades de su entorno.

Son restricciones que buscan reducir los niveles de contagio de las últimas semanas: no se puede salir de municipio salvo causa justificada –ligadas con el trabajo, los colegios, circunstancias sanitarias o de cuidados u otros motivos urgentes–, se reducen los aforos y se limitan los horarios de comercios y negocios de restauración.

De momento, sin embargo, esas medidas no son obligatorias en la medida en la que aquellos que las incumplan no podrán ser multados hasta que no reciban el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sobre ellas pesan además dos peticiones que exigen su paralización. El Gobierno de Díaz Ayuso presentó ayer un recurso ante la Audiencia Nacional en el que destaca que la orden elaborada por el ministro Salvador Illa y su equipo contiene varias irregularidades. La Comunidad de Madrid pide medidas cautelares. A lo que se suman las medidas cautelarísimas solicitadas por Vox.

Esto implica que la Audiencia Nacional deberá pronunciarse al respecto en 48 horas, con una decisión que podría paralizar su aplicación hasta la resolución del fondo del conflicto o permitir su puesta en marcha.

Fuentes del Ejecutivo autonómico y del Ayuntamiento de la ciudad de Madrid lamentan que tanto el Ministerio de Sanidad como la Delegación del Gobierno patrocinen unas medidas sin implicarse en los dispositivos necesarios, fundamentalmente los relativos a la seguridad, para garantizar su cumplimiento. Y advertían de contradicciones, según las cuales, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad da vía libre a que los madrileños puedan dejar la capital a través del aeropuerto de Barajas o de las estaciones de tren de Atocha y Chamartín, y, sin embargo, no se permita un desplazamiento desde esta ciudad a un municipio vecino.

Invasión de competencias

En su argumentación, el Gobierno de Díaz Ayuso señala que la orden de Illa supone una «invasión de competencias». También pone el foco en el hecho de que se adoptaron sin consenso en el marco del Consejo Interterritorial de Salud y que apenas se han concedido al Gobierno regional 48 horas para su implementación. Recuerda el Gobierno de Ayuso ser la administración competente en materia sanitaria y va más allá al señalar que las medidas contenidas en la orden ministerial suponen «la aplicación de unas limitaciones propias del estado de alarma».

También advierte de las posibles irregularidades que comete la orden ministerial por afectar a derechos fundamentales, ante lo que reclama «una especial mesura en su adopción, enfoncándolas siempre a una finalidad sanitaria, pero en el marco de los principios de utilidad y, muy especialmente, proporcionalidad».

En el plano estrictamente sanitario, el recurso pone el acento en cómo las medidas del Ministerio «al ampliar su ámbito de aplicación –al no limitar la movilidad en el interior de las zonas de salud más afectadas sino en el conjunto de cada municipio, dando por tanto mayor libertad de movimientos a los vecinos con una tasa de contagios más alta–, pueden resultar contraproducentes, siendo, en términos sanitarios, más acertado el criterio que viene adoptando esta Administración».

Desde el punto de vista epidemiológico, en el Gobierno de Díaz Ayuso destacan que la situación está mejorando. Según el diagnóstico que se hace en la Puerta del Sol, ayer fue el cuarto día consecutivo en el que se redujo la tasa de incidencia acumulada de contagios a 7 y a 14 días, situándose por debajo de Navarra. Y hay hospitales como La Princesa y el Ramón y Cajal preparados para desmontar una planta covid y retomar la cirugía por las tardes.