El PSOE boicotea el «no» de Sánchez a declarar la zona catastrófica en Madrid

Ayuntamientos socialistas, su grupo parlamentario en Madrid y barones como García Page se suman a Almeida en la exigencia de esta ayuda

La negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a declarar como zona catastrófica a los municipios de Madrid más afectados por la nevada ha chocado con un obstáculo inesperado: el PSOE. Varios municipios gobernados por alcaldes socialistas están estudiando realizar de manera formal esta petición al Gobierno. Asimismo, apoya esta vía el grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea. Y también, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, reconoció ayer estar estudiándolo.

Fue José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, el primero en avanzar su intención de pedir al Gobierno la declaración de zona catastrófica para la ciudad. Una intención que chocó con el «no» de Moncloa –luego matizado–, pero que animó a muchos otros alcaldes de la Comunidad de Madrid a estudiar esta vía como fórmula para acelerar la llegada de ayudas a los vecinos y empresas afectadas, además de a la propia institución municipal.

En muchas localidades se trabaja a destajo para retirar la nieve y, en paralelo, para hacer informes preliminares con la estimación de los daños. Fruto de ese trabajo, son ya varios los gobiernos locales decididos a solicitar la declaración de zona catastrófica. Algunos de ellos socialistas. El primero en hacerlo formalmente este mismo martes fue el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Su equipo de Gobierno, liderado por Jorge García Díaz, señala que «las pérdidas en el sector ganadero van a ser millonarias y muy difíciles de reparar para tantos pequeños emprendedores».

También lo harán en las próximas horas los ayuntamientos de Alcobendas (PSOE), Arroyomolinos y Majadahonda (PP). El Gobierno socialista de Alcobendas considera que sí se dan los requisitos para ello, al tratarse de un siniestro que «perturba gravemente las condiciones de vida de la población» y que ha paralizado «los servicios públicos».

Otros consistorios, como el de Alcorcón, Fuenlabrada, Alcalá de Henares y Leganés –también del PSOE–, también trabajan a marchas forzadas en esta vía y son partidarios de este reconocimiento. Pozuelo de Alarcón, gobernado por el PP, también lo está estudiando y tomará una decisión en la mañana de hoy. En Móstoles, la segunda ciudad más grande de la Comunidad de Madrid después de la capital, con gobierno del PSOE, aún no han podido «hacer una valoración de los daños» al estar centrados en «dar respuesta a la complicada situación generada por la nevada». El Gobierno municipal de Las Rozas va a encargar un estudio de análisis de daños, que «seguramente serán numerosos y de gran cuantía económica». Con ese informe tomarán una decisión. De momento, el PP roceño registró ayer una moción solicitando la declaración de zona catastrófica para la ciudad.

También el grupo liderado por Ángel Gabilondo en en el parlamento de Vallecas abrió ayer por primera vez la puerta a apoyar esta exigencia a Moncloa.

El Gobierno se mantiene, de momento, inmune a la presión. La declaración de Madrid como zona catastrófica se ha convertido en el principal foco de confrontación política a cuenta de la gestión de la borrasca Filomena, pero en Moncloa se resisten a avanzar en esta vía, porque entienden que se trata de daños «reversibles». No obstante, han moderado considerablemente su negativa pública para evitar alimentar la crispación con la administración madrileña. Tras la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció ayer que ya se había iniciado la evaluación de los efectos adversos provocados por el temporal, a fin de establecer el tipo de ayudas que corresponden, y pidió esperar a que finalicen estos trabajos de fiscalización para tomar cualquier decisión. Esto es, el Ejecutivo sí se compromete a inyectar recursos en aquellos lugares que han sufrido con más fiereza el azote de Filomena, pero no quieren ir tan lejos como para calificarlos de zona catastrófica.

En la misma línea, la portavoz gubernamental, María Jesús Montero, pidió esperar a que concluya la situación de emergencia para hacer una evaluación completa y tomar una decisión «conforme a la ley». No obstante, sí avanzó por dónde podrían ir los tiros, discriminando que la incidencia del impacto de cada fenómeno meteorológico es distinta (exponiendo, como ejemplo, el caso de las DANAS que sí llevaron aparejada la declaración de la zona catastrófica) y pidiendo «mirar cada fenómeno en su dimensión». Conscientes de que esta declaración es la nueva baza de Isabel Díaz Ayuso para ir contra el Gobierno, en el Ejecutivo salieron ayer al ataque, señalando que es «muy evidente» que la presidenta de la Comunidad de Madrid utiliza al Gobierno como ariete y lo hace con el objetivo de «obviar sus propias responsabilidades». «La búsqueda constante de la confrontación no ayuda, no es útil para la vida cotidiana de los ciudadanos», destacó. Desde el Ejecutivo consideran estos ataques de la presidenta madrileña como «discusiones estériles» y «reproches» que utiliza como «arma defensiva para no dar explicaciones sobre su propia gestión». «Es bastante evidente que mira hacia otro lado para justificar sus propias decisiones», critican.