Víctimas de okupas: «Es un paso no tener que pagar el agua»

Adolfo escuchaba ayer con cierta alegría la noticia que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba en la Asamblea de Madrid para los propietarios víctimas de okupaciones sobre el pago de suministros. Funcionario y padre de familia, se vio obligado a alquilar su piso de protección oficial en Tres Cantos para poder afrontar el pago de un alquiler en Canarias, donde fue trasladado por motivos laborales. Un año entero pagando suministros de agua, gas y luz a una familia con un niño y unos abuelos que, «eran okupas profesionales» y que a Adolfo le ha supuesto un desembolso cercano a los 3.000 euros en el año de okupación ilegal de su vivienda. Echa la vista atrás y aún no puede creer que los okupas se hayan ido después de un acuerdo extrajudicial en el que Adolfo ha perdonado la deuda a cambio de las llaves, aunque también acudió a los tribunales. Se siente afortunado cuando ve otros casos sangrantes. Peor es el caso de Hortensia, la mujer de 97 años propietaria de una casa en Colmenar viejo que saltó a los medios al saberse que tuvo que pagar una factura de agua de 2.000 euros porque los okupas habían decidido llenar la piscina de su chalé. O el de Mayca, de Móstoles, que debe 800 euros a la Comunidad de agua mientras que la luz tuvo que dejar de pagarla por la imposibilidad de afrontar el recibo. La okupa de su vivienda amenazó con denunciarla por este motivo.

Casos como estos hay por toda España, pero lo que ayer supuso un alivio para muchas víctimas de la okupación fue que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunciara que la Comunidad no facturará el agua a los propietarios víctimas de okupaciones e instará a los suministradores a hacer lo mismo con la luz y el gas.

Además, se está estudiando la posibilidad de ofertar una vivienda de manera temporal, mientras dure el proceso de okupación, a los propietarios afectados que no tengan donde vivir hasta que se resuelva la situación.

Ayuso hizo este anuncio en el Pleno de la Asamblea de Madrid y coincide con una de las propuestas registradas por Vox en la Cámara regional para tratar de aliviar el problema de la okupación, dado que la Comunidad no tiene competencias para cambiar la legislación vigente. El día anterior, representantes de la Plataforma antiocupación también mantuvieron una reunión con varios consejeros de la Comunidad de Madrid.

«La okupación, el comercio ilegal y la inseguridad ciudadana lastran la economía, el empleo y el turismo. Y no nos lo podemos permitir, porque aquí no sobra nadie, ni las personas con patrimonio ni los turistas, ni las personas que crean puestos de trabajo».

Ayuso añadió que «aunque estamos consiguiendo frenar el fenómeno de la ocupación ilegal, hay 4.300 viviendas afectadas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid está absolutamente en contra de la okupación, porque es un delito y aunque no tenemos competencias para ello, hemos puesto en marcha la oficina contra la okupación, con la que estamos tratando de herramientas y asesoramiento a policías locales y asistencia a víctimas del delito».

Porque la situación actual, a su juicio, es debida a la «falta de seguridad jurídica y leyes mal planteadas, lo que provoca abusos».

Ahora el siguiente paso es ver qué encaje legal tendría la medida de que el Canal de Isabel II considerara exentos de pago de la factura de agua a las víctimas de la okupación porque el Canal ya dispone de tres bonificaciones especiales para grupos vulnerables que oscilan entre el 10 y el 50% de descuento.

«Es un alivio no tener que pagar el agua, un paso, pero no es más que un parche porque no resuelve el problema de la okupación...La gente está tan desesperada...pero el problema sigue estando», dice Adolfo.

Grupo permanente

La Comunidad ha creado un grupo de trabajo permanente formado por los representantes de la Mesa contra la Okupación y las asociaciones de víctimas. Además, más de 40 ayuntamientos de la región se han sumado al Centro de Coordinación Municipal para mejorar la coordinación entre policías locales ante este fenómeno.

Madrid ahora considera víctima de delitos a los ciudadanos que sufran la okupación de sus viviendas. De hecho, hay 18 oficinas en todos los partidos judiciales, que proporcionan ayuda legal y psicológica. Recientemente también ha sido activado el servicio 112 Ocupación, que ya ofrece atención inmediata a los propietarios afectados a través del número de teléfono 900205112.