Así es la reforma de la ley trans de Ayuso que cuestiona Sánchez

Las reformas de las leyes trans y LGTBI, vigentes desde 2016 en la región, una de las promesas electorales de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han desatado una marea de protestas de los colectivos afectados y de los grupos políticos de izquierdas. El último en sumarse a la campaña de descrédito contra la reforma normativa, que el Grupo Popular quiere tramitar de manera urgente en la Asamblea, ha sido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al calificar la reforma en su discurso de investidura de «recorte de derechos y libertades».

Estos son los puntos que definen el contenido de la iniciativa de los populares con la que pretender alcanzar «más claridad y seguridad jurídica» y en aportar «ciencia frente a ideología».

Terapias de conversión

La reforma de la norma sigue prohibiendo las terapias para modificar la orientación sexual de una persona a través de procedimientos que, generalmente, son pseudocientíficos. El artículo 7.1 de la Ley LGTBI mantiene que «ninguna persona podrá ser presionada, coaccionada u obligada a ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad o expresión de género, así como someterse a tratamientos hormonales, quirúrgicos, psiquiátricos o de cualquier otro tipo con el fin de modificar su identidad o expresión de género». Es más, están prohibidas este tipo de terapias para cambiar la orientación sexual en cualquier servicio sanitario de la región. Además, se mantienen las sanciones que ya existen para quienes se dedican a estas prácticas. Están tipificadas como infracciones administrativas muy graves. De hecho, la Comunidad de Madrid ya ha impuesto sanciones por este motivo.

Charlas en colegios

Seguirá habiendo charlas y campañas de sensibilización, pero se pretende que los grupos de izquierdas dejen de tener el control de ellas. Así, la norma impulsa que la formación sea más profesional de tal manera que quienes la impartan sean profesionales sanitarios, psicólogos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los docentes. Las asociaciones LGTBI serán un actor más, si así lo desea el colegio y los padres. Ya se cuenta con que los currículos vigentes de Primaria y Secundaria recogen entre sus objetivos el respeto a la diferencia y la educación en igualdad, pero lo que se pretende es que «no haya contenidos ideológicos ni ingeniería social en los colegios. Se recupera y se refuerza la libertad de cátedra de los maestros y profesores y se garantiza la libertad de expresión de los padres y familias a elegir la educación que quieran para sus hijos», aseguran desde el Ejecutivo madrileño, una idea que también comparte Vox.

También siguen vigente los protocolos o actuaciones que debe llevar a cabo un centro educativo en el caso de que personas LGTBI o transexuales sufran acoso o discriminación.

Carga de la prueba

Se suprime la inversión de la carga de la prueba o la «discriminación por error». Es decir, si una persona acusa a otra de manera discriminatoria, el supuesto discriminador tiene que demostrar que no lo ha hecho. Lo mismo la discriminación por error, es decir cuando se basa en una apreciación equivocada de una persona. Con la modificación se pretende garantizar una «mayor seguridad jurídica, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva».

Menores y acompañamiento

La reforma que impulsa el PP pretende reforzar el acompañamiento de personas expertas en transexualidad, especialmente cuando afecta a menores. Se trataría de evitar que, de forma errónea, se piense en un cambio de sexo cuando pudiera ser una cuestión de falta de madurez, problemas de adolescencia o simplemente responda a una moda.

Se pretende garantizar que los procedimientos farmacológicos sean los más adecuados. En el caso de los tratamientos a menores (bloqueo hormonal y hormonación cruzada), será requisito indispensable que previamente reciban un diagnóstico adecuado. El apoyo psicológico se mantendrá durante todo el proceso y no se harán cirugías a menores de edad. Una vez alcanzada la mayoría de edad, estas cirugías serán responsabilidad de las Unidades y Centros de atención especializados.

Así, en el caso concreto de los menores, el artículo 14.4 establece que «para iniciar el tratamiento farmacológico será requisito necesario que previamente reciban el apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil durante todo el proceso», previa autorización del padre o tutor. No obstante, si los padres no autorizan el tratamiento relacionado transexualidad o de inhibición del desarrollo hormonal, podrá ser recurrida la decisión, cuando se considere que genera un grave perjuicio al menor pero «se atenderá al criterio del interés superior del menor».

Archivos y documentos

La reforma prevé que se supriman las referencias a la modificación del sexo en los archivos y documentos personales que son competencia de la Comunidad de Madrid. Entre otras cosas porque así está contemplada en la ley que rige a nivel nacional y con ello «se da más seguridad jurídica al no solaparse dos documentaciones dispares», aseguran desde la Comunidad de Madrid.

Deporte

En el ámbito deportivo, se promueve la participación de las personas transexuales, sin menoscabo de los derechos de los demás participantes, y en especial del deporte femenino en todas sus categorías.

Banderas

Se elimina el artículo en el que quedaba fijado izar la bandera LGTBI el día conmemorativo. ¿El motivo? «Nos regimos por la Ley de Banderas y la que nos representa a todos es la bandera de España». También se eliminan referencias sobre la obligación de realizar campañas que muestren la diversidad porque se considera que ya se realizan por parte de la Administración regional.

Consejo LGTBI

Aunque estaba contemplado en la ley vigente, ni si quiera constituido desde 2016. Los populares creen que «se trataría de un órgano paralelo a la administración formado por una oligarquía que controla a unas personas, encima pagado por todos; y que se dedicaría a legislar, a mandar, sin que lo haya elegido nadie».