Madrid quiere colocarse como referente de la educación superior y ahora ultima una nueva ley de universidades (LESUC) que establece más exigencias a las universidades privadas para poder impartir docencia en la Comunidad. Exige garantías financieras, planes de becas y mecanismos de supervisión a dos y cinco años, según figura en el proyecto de ley.

Así, las nuevas universidades no solo tendrán que cumplir con la normativa estatal, sino que «tienen que contar con recursos adecuados» y el promotor «deberá acreditar sostenibilidad económica», proporcionando información sobre las entidades que avalan y financian el proyecto. La garantía financiera que presenten los promotores no podrá ser inferior a los cuatro millones y deberán aportar información sobre la previsión de alumnos, la estimación de ingresos por matrícula, así como otros ingresos previstos destinados a inversiones o investigación, la previsión de gastos o el cálculo de la cuenta de resultados. Más aún, «deberá facilitar información económica en términos de análisis de las cuentas anuales de la entidad promotora, informes de auditoría o cualquier estudio económico que avale la sostenibilidad económica del proyecto».

Esa exigencia de solvencia tiene que ver con el hecho de que los alumnos no salgan perjudicados si la universidad desaparece o entra en crisis. El objetivo no es controlar el modelo de negocio, sino proteger los derechos de los estudiantes.

A nivel académico, los órganos rectores de la universidad «deberán reunir experiencia académica o profesional contrastada, bien sea en gestión, en docencia, o en investigación, ciencia e innovación tecnológica».

Además, la universidad deberá disponer de un plan de becas y ayudas al estudio que, al menos en alguna de sus modalidades, tenga en cuenta criterios socioeconómicos para su concesión.

Pero aquí no queda todo. Una vez constituidas, tendrán un seguimiento. Por eso, el Gobierno de Ayuso prevé en su ley de universidades un mecanismo de seguimiento ordinario a los cinco años de implantación de los primeros títulos, aunque, de manera excepcional, este control se podrá hacer ya a los dos años de implantación «con el fin de comprobar el correcto funcionamiento de la nueva universidad y el cumplimiento de los compromisos reflejados en el expediente de autorización previsto en este capítulo».

Con esta nueva ley de universidades autonómica, Ayuso seguiría la línea de la regulación estatal que prevé un endurecimiento de los requisitos para crear universidades al proponer medidas similares.

Algunos expertos han valorado positivamente la mayor exigencia en los requisitos financieros y académicos para las universidades privadas que quieran implantarse en Madrid. Es el caso de Jorge Sainz, exsecretario general de Universidades y catedrático de la URJC, quien considera que la medida «es acertada si se busca blindar la calidad del sistema frente a proyectos oportunistas. Sin embargo, esa exigencia debe ir acompañada de seguridad jurídica, criterios objetivos y un marco regulador transparente, que evite que esta legítima defensa de la excelencia se convierta en un obstáculo arbitrario a la innovación institucional».

Madrid también apuesta en su nueva ley por una agencia de calidad propia que evalúe los títulos y que llevará el nombre del intelectual «Manuel García Morente».

Hasta ahora, la Fundación para el Conocimiento Madri+d había actuado como agencia de evaluación y está reconocida en el marco europeo (EQAR), pero ahora la institucionaliza y la dota de un marco normativo para consolidarla legalmente. Sainz cree que «la apuesta por una agencia de calidad propia es, en mi opinión, coherente con la experiencia de Cataluña (AQU) y otros sistemas maduros, pero exige un compromiso firme con su independencia real y funcional, así como con su inserción en los estándares europeos (EQAR). De lo contrario, la Comunidad corre el riesgo de crear una agencia sin legitimidad científica ni reconocimiento externo». La Comunidad también implanta la obligación de un nuevo informe previo antes de aprobar un título, pero Sainz cree que «puede convertirse en una barrera discrecional al ejercicio del derecho a la libertad de cátedra y a la autonomía institucional si no se regula con respeto a la competencia estatal».