Conflicto

El Defensor del Pueblo exige actuar contra el ruido en Pinto

Recuerda al Consistorio los incumplimientos en la Calle Real por los locales de ocio

Ambiente y terrazas en el centro de Getafe.
El ruido de los locales de ocio son motivo de queja constanteCipriano Pastrano DelgadoLa Raz—n

Los vecinos se quejan del exceso de ruido en Pinto. Tanto que el Defensor del Pueblo ha iniciado un expediente informativo ante las quejas recibidas por los afectados que residen en la calle Real de la localidad. Se da la circunstancia de que en la zona motivo del conflicto hay numerosos locales de copas. Los afectados recurrieron a la institución a la vista de que no se resolvía el conflicto y, ahora, Patricia Bárcena García, Adjunta segunda al Defensor del Pueblo, ha remitido un escrito al Ayuntamiento de la localidad en el que señala las deficiencias que ha detectado después de pedir explicaciones al Consistorio.

La institución recuerda que están en funcionamiento locales que carecen de la licencia adecuada para la actividad que desarrollan sin que el Ayuntamiento haya abierto ningún expediente sancionador por este motivo.

El Defensor alude también a otra cuestión que viene recogida en la Ley 17/1997 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, como es el hecho de que «Corresponde a los ayuntamientos el ejercicio de las funciones inspectoras que garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras de los establecimientos y locales y de la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas objeto de la presente Ley».

Por último, la institución recuerda al Ayuntamiento de Pinto que todas las administraciones públicas tiene entre sus objetivos «prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica». Un propósito que, en el caso concreto de la calle Real y los vecinos de la zona, parece cuestionar.

Los vecinos de la calle afectada por la contaminación acústica llevan años denunciando la situación que padecen hasta el punto de que el Defensor del Pueblo ha instado al Ayuntamiento a elaborar un informe que aclare los puntos señalados. «El Ayuntamiento tiene la obligación de servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo a los principios de eficacia, celeridad, buena fe, confianza legítima y buena administración», expone la institución. Es por ello por lo que, aun reconociendo que los medios del Ayuntamiento son limitados para poder atender necesidades vecinales, le insta a «actuar sin más demoras en el presente caso», explica en la misiva a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.