Dos kilómetros y 18.000 cajas: adiós a los expedientes por juicios de faltas

Los juicios de faltas ya no existen con ese nombre –pasaron a ser los juicios por delitos leves: como hurtos o lesiones leves–, pero miles y miles de cajas almacenadas hacen de protectoras de su memoria. Hasta ahora. La Comunidad de Madrid va a destruir los expedientes sobre este tipo de pleitos entre 1941 y 2015, ya que se determinó que no tienen valor procesal ni valor histórico-cultural. El objetivo es «liberar espacio»: estas, que ascienden a 17.796 cajas, ocupan lo que corresponde a un poco más de dos kilómetros en línea recta.

Todos los expedientes de los juicios de la Comunidad se almacenan en el Archivo Territorial Judicial, ubicado en Vallecas, o en depósitos externos. De hecho, la mayoría están guardados en dependencias de una empresa privada (AdeA), ya que no hay suficiente lugar. Daniel Acebes Jiménez, jefe de la Unidad Técnica de Coordinación de Archivos Judiciales, explica por teléfono: «En el archivo judicial territorial tenemos capacidad para almacenar 23 kilómetros. Y tenemos 308 kilómetros de documentos en custodias externas».

Por eso, los más de dos kilómetros van a suponer una ganancia necesaria de espacio físicos para un lugar donde van llegando documentos cíclicamente. El volumen ocupado no es solo espacio, sino también presupuesto, según cuenta Acebes. «Nos supone un ahorro económico importante». En esas cajas están incluidos documentos procedentes de 42 órganos jurisdiccionales de la región, entre otros, de antiguos juzgados Comarcal y de Distrito de Aranjuez (1990-2008) y de Collado Villalba (1957-1993; 1998) o del antiguo juzgado de Instrucción número 1 de Colmenar Viejo.

Sin embargo, no se va a borrar todo: se va a dejar un porcentaje del 10%. «Siempre se deja de todos los procedimientos que se eliminan una muestra representativa para dar testimonio del funcionamiento de la Administración de Justicia». La eliminación se lleva a cabo por la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales: hay una por cada comunidad autónoma y a la cabeza está el presidente de cada Tribunal Superior de Justicia (TSJ) –Acebes es también secretario de la de Madrid.

También hay otros dos motivos para no destruir este tipo de objetos: si tienen valor procesal o si tienen valor histórico-cultural. Este, según la explicación de Acebes, lo determina la dirección general de archivos, que se encargar hacer un informe vinculante en el que establecen el valor histórico o no de esos documentos –y que están asesorados por expertos en la materia– y luego se eleva a la Junta de Expurgo para su decisión. Para estos, no se ha determinado que hubiera ninguno de estos dos. «Son faltas muy leves y habían prescrito», cuenta Acebes. Los juicios de faltas se sustituyeron por los delitos leves con la LO 1/2015. Quizá se hubieran destruido algunos anteriores pero, continúa Acebes, todos los documentos anteriores a 1940 se entienden que tienen un valor histórico. Por tanto, los juicios de faltas de esas fechas se van a conservar de forma permanente en el Archivo Judicial Territorial.

La destrucción se efectuará después de que se publicite. Explica Acebes: «Se da a los ciudadanos la oportunidad de que vean este tipo de información, y así pueden recuperar los documentos que ellos mismos aportaron al procedimiento judicial». Además, aparte de ganar espacio, también «mejora la eficiencia», en palabras de Acebes.

Acebes recuerda las imágenes de finales de los años 90, sobre todo en los juzgados de Plaza Castilla, que estaban abarrotados por montañas de papeles y que se mojaban por inundaciones. «Ahí se decidió contratar empresas de custodia externa porque los juzgados no tenían espacio físico». Ahora, se busca sitio en los lugares que una vez fueron solución d espacio, y una de las soluciones es la digitalización.

Estos archivos de juicios de faltas que van a ser eliminados no se van a digitalizar, precisamente porque no tienen ese valor, pero sí se está tratando de hacer esta transformación digital con medidas que vienen desde Europa, como por ejemplo el Real Decreto-Ley 6/2023. Y, «en todo caso, los anteriores a 1940, si la Junta de Expurgo lo estima conveniente podrían en un futuro digitalizarse».

Esta digitalización va a ayudar a quien consulte los documentos: el préstamo físico sólo se concede a los órganos judiciales, que son los que normalmente los solicitan, pero también investigadores pueden pedir su consulta. «Un investigador no tendrá que venir aquí al Archivo Judicial Territorial y a lo mejor se le podría facilitar una copia en digital si la autoriza el tribunal superior de Justicia», augura Acebes.