Parques solares amenazan los olivos centenarios de Jaén

El 17 de julio de 2024 varios vecinos de la localidad de Lopera (Jaén) recibieron una carta oficial en la que se les informaba de que iban a ser expropiados de sus terrenos. Entre el 24 y el 26 del mismo mes llegaron nuevas cartas y también lo hicieron en septiembre y octubre. Uno de ellos fue el suegro de Rafael Alcalá, actual portavoz de la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares. Y es que, entre los municipios de Lopera, Arjona y Marmolejo se van a instalar siete plantas solares en una extensión de 895 hectáreas y a talar, dicen desde la plataforma, 100.000 olivos centenarios (la Junta rebaja la cifra de olivos afectados a menos de 14.000). «Cuando empezaron a llegar las cartas, la gente no entendía nada», dice Rafael Alcalá.

Entre los habitantes de esta zona, que cuenta con 3.000 horas de sol al año, muchos ya sospechaban que tarde o temprano llegaría el interés de las empresas por instalar parques fotovoltaicos, aunque no pensaron que iba a ser de forma tan intensiva y a golpe de expropiación. En el característico «mar de olivos» de Jaén se cultiva aceituna desde la época de los fenicios y se produce el 60% del aceite de España. «Una cosa es lo que haga cada propietario, si decide arrendar o vender y otra cosa es la connivencia de la administración y las expropiaciones de terrenos», comenta Alcalá, quien, además, detalla que hay más de cien afectados: «Los hay de tres tipos, los afectados por los propios campos de placas. En principio era una cincuentena a los que se pretendía expropiar. El segundo tipo y el más numeroso, serían los afectados por líneas de evacuación de la electricidad. En este caso, aunque no te quitan la finca, los propietarios deben permitir que la empresa propietaria de los parques use su finca a conveniencia durante 30 o 40 años. Y luego están los afectados por el cable y las torres de alta tensión que hay que construir».

Desde julio de 2024 se han sucedido las protestas, las manifestaciones y los contactos con otras localidades afectadas y es que como apunta Rafael que «si sumamos los proyectos de instalación previstos en la provincia de Córdoba (solo en Cabra afectan a 1.500 hectáreas), hablamos de más de medio millón de olivos. El portavoz, además habla de la incredulidad y frustración que sienten cuando oyen anuncios como el realizado por la Junta de Andalucía que afirma que va a plantar 1.500.000 de nuevos árboles en terrenos públicos. «¿Y por otro lado talan medio millón? Lo que nos está sucediendo a nosotros también está pasando en otras CC AA, pero ¿por qué aparecemos nosotros tanto en la prensa y no otros puntos de Andalucía o España? Porque eran muchos los afectados por expropiación».

Moratoria a los proyectos

La plataforma SOS Rural también se ha sumado a la protesta. De hecho, esta misma semana iniciaba una recogida de firmas con las que espera poder reunirse con algún representante de la Junta. «Lo que tiene que quedar claro es que nosotros no estamos en contra de las energía renovable, la respetamos, pero no estamos de acuerdo en cómo se está llevando a cabo. No puede ser a costa de terrenos productivos y de alto valor para producir alimentos. Hay un montón de terrenos baldíos donde se podría instalar fotovoltaica, pero aprovechan que el campo está en horas bajas. Lo que solicitamos es que se decrete la paralización inmediata de la tala de olivos en Lopera, además de las expropiaciones, y que se establezca una moratoria sobre la conversión de tierras agrícolas en proyectos fotovoltaicos industriales. Se está transformando un ecosistema en infraestructura industrial sin que haya un posible futuro retorno ya que donde se pone una placa, ya no se va a poder cultivar nada. Se pierde la capa de suelo fértil que ha tardado miles de años en formarse», comenta Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural.

Parar la expropiación

La acción legal para detener las expropiaciones tampoco ha parado desde julio de 2024. Y es que, según cuenta Rafael Alcalá hay una ley de los 50, «la misma que se usó para crear los pantanos e inundar zonas, que se está utilizando para las expropiaciones. En esta ley, que no ha cambiado en este tiempo, cuando un proyecto de construcción de un pantano se declaraba de utilidad pública, se podía desplazar a los propietarios de la zona. También es interesante saber cómo actúan las empresas. Llegan a lugares como este porque necesitan subestaciones eléctricas cerca, y nosotros entre Marmolejo y Lopera tenemos una pequeña presa hidroeléctrica de los 60 con una subestación. Un señor en un despacho coge un plano, abre un compás y dibuja una circunferencia en un radio de unos 5 o 10 kilómetros alrededor de donde hay una subestación y ahí planeta 10 o 12 proyectos. Primero presenta los proyectos que saben que le van a denegar, en parques naturales por ejemplo. Por eso luego hablan desde la administración de que hasta el 40% de los proyectos se deniegan. Las empresas ya cuentan con eso. Cuando identifican proyectos viables empiezan a hablar con los propietarios de la zona. ¿Quiénes son los primeros a los que contactan? A los terratenientes. Y una vez que tienen en torno al 50 o 60% del terreno que necesitan para sus proyectos lo que hacen, en lugar de hablar con los otros propietarios pequeños que son muchos, se tira de ley y a estos se les mete en un proceso de expropiación. Ahí empezamos nosotros con los procesos legales y al final se ha conseguido parar las expropiaciones. De hecho, a día de hoy, solo hay dos personas expropiadas», dice.

Sin embargo, apunta a que el riesgo no ha desaparecido, «queda otra parte, porque una vez que está instalado el parque hay una nueva trampa. La ley permite que una vez construidos, los propietarios pueden aumentar las plantas un 20% si las empresas lo deciden así. En ese caos te pueden expropiar directamente. No tienen ni que llamarte ni nada».

Pérdida de producción

«La especulación de estos proyectos es grandísima», apunta también Alcalá. «Primero porque se trocean los proyectos, de manera que una mega planta fotovoltaica de más de 160 MW, se transforma en varias plantas de potencia inferior a los 50 MW, para eludir el control estatal y hacer más fácil su aprobación», dice El portavoz de la Plataforma. Además, apunta Natalia Corbalán de SOS Rural: «¿Por qué los ayuntamientos están en mucho casos a favor de instalar estos proyectos? Porque son más ingresos para ellos; no tiene nada que ver un IBI de un terreno rústico con uno de un terreno industrial. Es decir, en el momento en que le cambian el uso al terreno, y ya pasa de ser rústico a industrial, el IBI se multiplica exponencialmente. Hay mucho dinero en juego y se está favoreciendo el beneficio de unos pocos, frente al de todo un colectivo, los agricultores, y en general, el de toda la sociedad, porque se están cargando la soberanía alimentaria».

La pérdida de olivos, calculan desde el colectivo de Lopera, se traducirá en una merma de la producción media de aceituna de unos 12.000.000 de kilos y una pérdida económica que asciende a los 13.500.000 euros. Además, dejaría de repartirse en el pueblo un total de 5.500.000 euros en jornales.

Patrimonio de la Humanidad

Hay otro punto que levanta sospecha entre las cooperativas de la zona y organizaciones agrarias como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). En abril de 2024 4 la comisión institucional de los «Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos» retiró la candidatura a Patrimonio Mundial. «Es curioso que parte de la oposición para continuar con la candidatura viniera de la misma comarca», comenta Cristóbal Cano, secretario general de UPA para añadir que no se trata de que estén en contra del desarrollo renovable. «No estamos a favor de que se desplace la producción de alimentos ni superficie agraria útil, en concreto en leñosos como el olivar, para dar prioridad a otros usos, sobre todo cuando hay mucha superficie para la instalación solar, como los polígonos industriales, que no compromete la producción de alimentos».

Tejados

Aliente es otra de las plataformas que lleva años denunciando el modelo renovable de mega plantas en zonas poco pobladas (donde no se genera rechazo social) y en suelo barato de CC AA como Aragón, Andalucía, Extremadura y las dos Castillas. «Estas regiones se están convirtiendo en grandes generadoras de energía, mientras que las consumidoras, Madrid, Cataluña o País Vasco, se libran de los desarrollos. Además, hemos calculado que si se instalara solar en tejados, terrenos baldíos y polígonos no habría que ocupar ni una sola hectárea de tierra», explica Rosa Pardo, miembro de la Coordinadora. En este sentido, Corbalán reucuerda los datos del Ministerio de Agricultura, según los cuales la superficie dedicada a parques fotovoltaicos aumentó un 166% en los últimos 8 años. «En Andalucía, el 69,6 de las plantas fotovoltaicas y el 90,9 de los termosolares se están instalando en suelos de alta calidad», comenta.

Italia prohíbe instalaciones en suelo de alto valor

Las plataformas denunciantes de la situación que se está viviendo en regiones como Jaén, Córdoba o Teruel con el desarrollo de mega plantas renovables aluden a Italia donde hace un año el gobierno aprobó un decreto por el que se prohíbe la instalación de parques en terrenos agrícolas de alto valor. Solo se permite la instalación de paneles solares a cierta altura para que sea compatible con la actividad agraria. «Meloni lo tiene claro, pero no es una cuestión de tendencia política, porque aquí en España, el partido Sumar presentó en mayo de 2024 una proposición no de Ley para regular la instalación de placas en terreno cultivable y de especial protección ecológica», afirma Natalia Corbalán.