Nuevo enfrentamiento por el Mar Menor: el Gobierno de la Región de Murcia responde al Gobierno

El Ejecutivo de López Miras responde que solo se pueden restituir los cultivos que la CHS declara ilegales

Imagen de la Rambla del Albujón el 24 de abril de 2022 sacada del Canal Mar Menor de la CARM que monitoriza a tiempo real el caudal que vierte la rambla a la laguna salada
Imagen de la Rambla del Albujón el 24 de abril de 2022 sacada del Canal Mar Menor de la CARM que monitoriza a tiempo real el caudal que vierte la rambla a la laguna salada FOTO: CARM CARM

“Sólo puede restituir aquellos cultivos que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya ha declarado como regadíos ilegales”, esta es la primera respuesta que ha dado el Gobierno de la Región de Murcia (CARM) tras conocerse que el Gobierno de España va a presentar al Tribunal Constitucional la Ley del Mar Menor.

Tras destacar el respeto a las decisiones del Gobierno y a la labor de la justicia en éste y otros asuntos, desde la Comunidad han aclarado que se trata de una interpretación que realizan sobre el punto de restitución de cultivos declarados por la CHS como regadío ilegal.

La Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, incluye la posibilidad de que el Gobierno Autonómico proceda a la exigencia de restitución de cultivos a su situación anterior en el caso de que sean identificados regadíos ilegales en los mismos por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (dependiente del Ministerio).

Esa normativa se hizo debido a que la CHS no aplicaba la restitución de cultivos tal y como recoge el artículo 116 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de aguas, y el artículo 323 del Reglamento, han recordado.

Tras la aprobación, y “ya que la CHS no estaba cumpliendo con su función”, han insistido, el texto establece la posibilidad de que la Administración regional pueda exigir la restitución de regadíos ilegales, quedando patente que la actuación autonómica ha de partir de la información que le facilite la propia CHS sobre los regadíos que hayan sido cesados o prohibidos por resolución firme. Por tanto, es la CHS la que otorga o deniega el derecho de aprovechamiento de aguas.

De esta forma, la única vía que tiene la Administración regional para tener certeza de la condición de “ilegal” es a través de la información que le facilite la CHS sobre aquellas explotaciones cuyos regadíos hayan sido cesados o prohibidos por no cumplir lo establecido en el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Bajo ningún concepto la Administración regional podría abordar una restitución sin contar de forma fehaciente con esa información, puesto que de lo contrario el procedimiento se haría sin seguridad jurídica alguna ni para la Administración ni para el administrado”.

La Comunidad ha iniciado la tramitación de todos los expedientes recibidos por parte de la CHS, por lo que les ha sorprendido las declaraciones de “dejación de responsabilidades”.

Por último, han reclamado que el Gobierno de España contribuya a la recuperación del Mar Menor y no trate de “retorcer” los órganos del Estado para “mantener la batalla ideológica con la que pretenden suplir su falta de acción”.