Opinión

"¿Por qué los programas electorales no están en lectura fácil?"

No puedo evitarlo: empiezo a escribir estas líneas con una sonrisa dibujada en la cara. Porque llevaba mucho tiempo esperando este momento. Porque el día en que daremos un gran paso como sociedad está cada vez más cerca. Me refiero, claro está, al 28 de abril de 2019, una fecha que marcará un antes y un después en la vida de miles de personas con discapacidad intelectual. Porque, ¡por fin! todas tendremos derecho a votar. Aunque parezca increíble, hasta ahora nos exigían superar un examen que incluía contenidos sobre el sistema electoral, los partidos o las administraciones. Una práctica leonina, abusiva e injusta, a la que solo debíamos someternos las personas con discapacidad intelectual. ¿No es acaso discriminatorio el hecho de que fuéramos los únicos que debíamos demostrar un conocimiento que no era exigible al resto de la ciudadanía? ¿Qué hubiera pasado si todas las personas hubieran tenido que someterse a tal evaluación? Quizás o, seguramente, hubiera habido sorpresas…

Afortunadamente ya respiro más tranquilo: en los próximos comicios, 100.000 personas con discapacidad intelectual, hasta entonces excluidas del voto, podrán ejercerlo libremente, por primera vez en su vida, muchos siendo adultos de avanzada edad. Por fin, todos ellos se sentirán ciudadanos de pleno derecho. Porque, como reza la Declaración de Derechos Humanos: “todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos”, lo que significa que estos últimos (incluido el voto), son inherentes a la dignidad de la persona y en ningún caso a su capacidad.

Resulta, además, que las personas con discapacidad intelectual acostumbramos a tener un gran criterio político. Huyendo de estereotipos, somos exigentes y reivindicativas. Nos gusta hacernos oír para que se cumplan nuestros derechos, quizás por lo complicado que lo hemos tenido para ejercerlos.

No me olvido, no obstante, de que son muchos los retos por delante. Y en este punto me gustaría dirigirme directamente a los partidos políticos. Salvo honrosas excepciones, ¿por qué no incorporan lenguaje en lectura fácil en sus programas electorales y páginas webs? Nos facilitaría enormemente la tarea de informarnos y tomar una decisión lo más acertada posible. Además, no todos los colegios electorales son accesibles; una accesibilidad que, lejos de la creencia popular, va mucho más allá de colocar rampas o ascensores. La accesibilidad debe ser Universal, transversal y extenderse a lo cognitivo, con señalización comprensible y profesionales disponibles para responder dudas y atender sugerencias. De este modo, el proceso de votación será equitativo y no solo para las personas con discapacidad intelectual, también para los mayores, aquellos que votan por primera vez y, en general, todos los que tengan cualquier atisbo de duda.

¿Otro gran reto? Que las personas con discapacidad intelectual tengamos representación parlamentaria. Hay ya algunas experiencias locales, pero son residuales y se ven más como una acción filantrópica que como parte del proceso natural de inclusión de la discapacidad en nuestra sociedad. Si somos ciudadanos de pleno derecho, ¿por qué no podemos tener voz política y ser diputados?

El margen de mejora es claro, sí, pero quiero quedarme con esa gran barrera que por fin hemos superado y que ha convertido a España en el octavo país de la Unión Europea que reconoce el sufragio de las personas con discapacidad intelectual. Qué bien suena.

Porque a pesar de todos los retos por delante y, con la mirada puesta en el 28 de abril, nadie me borra la sonrisa y con ella sigo dibujada al finalizar estas líneas.