El Supremo garantiza un agua más clara

Con el declive del bipartidismo y, sobre todo, por el avance del populismo, no es extraño que se formulara en España, en noviembre de 2016, la llamada Declaración por la gestión pública del agua, publicada a página entera en toda la prensa nacional («El País» y otros periódicos, viernes 4 de noviembre). Por doce ayuntamientos claramente imbuidos en la idea de la remunicipalización a toda costa, rompiendo si fuere necesario la seguridad jurídica, y dejando de garantizar la eficiencia y la economía de los servicios concesionales de larga tradición en nuestro país.

Ese manifiesto de Brumario de 2016, fue más que contundente: «Las alcaldesas y alcaldes presentes en el Encuentro de Ciudades por el Agua Pública queremos manifestar nuestro compromiso con una gestión pública… rechazamos la privatización de los servicios del ciclo integral urbano del agua, y apoyamos los procesos de remunicipalización que se están llevando a cabo en numerosas ciudades y pueblos…».

Incluso se planteó un blindaje de esa propuesta excluyente de la competencia y de la calidad de los servicios públicos, con la «constitución de una red de ciudades por el agua… para reforzar la política de municipalización». En la idea de llevar a cabo sus objetivos, no obstante su elevado coste burocrático, su evidenciable clientelismo, generalmente con un sinfín de corruptelas y corrupciones de todas clases. En definitiva, ese gobierno del populismo quería funcionar como un lobby ideologizado, en contra de una gestión especializada, a la que pueda exigirse un alto nivel de experiencia anterior con funcionamiento satisfactorio.

En la dirección apuntada, ha habido remunicipalizaciones efectivas en Tarrasa, Valladolid, y otros núcleos de población. Pero el mayor intento en ese sentido ha sido trata de remunicipalizar hídricamente 36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), vulnerando los criterios de seguridad jurídica y de respeto a una concesionalidad que funciona razonablemente. Más en concreto, por su sentencia del miércoles 20 de noviembre, el Tribunal Supremo ha revocado los acuerdos por los que, previamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) canceló la anterior concesión a Aguas de Barcelona (en marzo de 2016) en el área indicada. Ya en casación ante el más alto Tribunal, se ha resituado el previo equilibrio de legalidad y eficiencia, reconociéndose la importancia del criterio de cooperación público-privada (CPP).

El fallo del TS significa una seria reconvención a las pretensiones populistas del partido Barcelona en Común, de la alcaldesa Ada Colau. Que veía en el anterior fallo del TSJC la oportunidad para abrir el proceso de municipalización en 36 ayuntamientos. Ahora, la referida sentencia pone fin al litigio, a pesar de lo cual la Sra. Colau ha planteado que habrá una nueva ley para soslayar la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo: clara muestra de contumacia y de nulo respeto a las decisiones judiciales más elevadas.

Los que sentimos la importancia de la Justicia para dirimir conflictos y, en este caso, favorecer la excelencia de los servicios públicos, no podemos por menos de celebrar un fallo que restablece la confianza en los principios jurídicos esenciales. Y además queda claro que la función de uno o muchos ayuntamientos a la vez no es la necesaria gestión pública directa, sino garantizar la inviolabilidad de la soberanía popular en el ámbito local. Y eso podrán seguir haciéndolo los concejales de Barcelona y su AMB, que ahora tendrán que valorar más la plenitud para regular, supervisar y garantizar la calidad y la buena economía de servicios tan indispensables para la ciudadanía.