Y Guaidó se convirtió en un estorbo

El 29 de enero de 2019, el Consejo de la Internacional Socialista (IS), reunido en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, resolvió considerar ilegítimo al Gobierno venezolano, declaró fraudulentas e irregulares las elecciones presidenciales ganadas por el oficialismo, dio su apoyo a la Asamblea Nacional como único poder legítimo de Venezuela y, finalmente, expresó su «enorme preocupación por la represión que está efectuando el ilegítimo régimen de Nicolás Maduro» y exigió la plena restitución del orden constitucional.

En su discurso de clausura, el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, señaló al sátrapa bolivariano con un duro alegato: «quien contrapone socialismo y libertad y responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y democracia, no es socialista, es un tirano». Minutos antes de la intervención de Sánchez, el Consejo de la IS había decidido expulsar de la organización al FSLN de Nicaragua, tras la brutal campaña de represión ejecutada por el gobierno sandinista de Daniel Ortega. Meses después, el 22 de mayo de 2019, la IS reconocía a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, siguiendo la estela de la OEA y de medio centenar de países, entre ellos, los que conforman la Unión Europea.

Como hoy publica LA RAZÓN, esta postura impecable del socialismo democrático tuvo su correspondencia en el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones generales del pasado abril y, aunque más sintetizado, se mantenía en el programa electoral de noviembre el propósito de avanzar en la institucionalidad democrática en Iberoamérica. El cambio de posición, evidentemente a peor, hay que buscarlo en el acuerdo de coalición firmado entre el PSOE y Unidas Podemos, en cuyo texto sólo se recoge una vaga referencia a la voluntad de «mejorar las relaciones entre la UE y América Latina», expresión lo suficientemente ecléctica para no significar nada. Así pues, Pedro Sánchez, uno de los primeros mandatarios europeos en reconocer la legítima presidencia de Juan Guaidó y uno de los dirigentes socialistas, en la línea de Felipe González, más críticos con la dictadura de Caracas, se veía obligado a mantener un perfil bajo en la cuestión venezolana, so pena de frustrar el acuerdo de gobierno con Pablo Iglesias.

El asunto invita a varias reflexiones, siendo la menor de ellas si el acceso a La Moncloa justifica la renuncia a la proclamada lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Y decimos la menor, porque, más allá del cambio de posición oportunista del presidente del Gobierno, por forzado que haya sido, lo que nos llena de perplejidad es el desparpajo con el que un partido que forma parte del juego democrático, como es Unidas Podemos, defiende y apoya un régimen totalitario, corrupto, liberticida e ineficaz como el que detenta el poder en Venezuela. Un régimen que ilegaliza partidos opositores, encarcela a sus líderes, asesina cuando lo considera necesario, parasita el poder judicial y, además, es incapaz de proporcionar al conjunto de la población los servicios sociales más elementales. Un régimen, en definitiva, que se perpetua por la violencia y el fraude electoral, y que ha propiciado uno de los mayores éxodos poblacionales que se recuerdan.

Cualquiera esperaría que una formación que se reconoce heredera de los viejos postulados comunistas, pero que opera en el marco de las democracias representativas y en el ámbito de la economía de libre de mercado, tratara de distanciarse, al menos, de la imagen del enésimo fracaso del modelo socialista. Pero no es el caso. Hay una extrema izquierda española, actualmente en el Gobierno de la nación, que contra toda la experiencia de la historia, contra toda evidencia, apoya y respalda las tiranías más abyectas. Pero el que, al final, tiene que disimular, es el PSOE.