Y ahora la Iglesia

Ya nos sorprendió que el Gobierno estuviera a favor de que el arzobispo de Barcelona fuera el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Creíamos que eso eran cosas de los independentistas vascos y catalanes que querían obispos de la tierra y lo decían/exigían sin rubor: Volem bisbes catalans!. Cosas del clericalismo nacionalista.

Pero como estamos en época de pactos y mesas con estos grupos, el Gobierno anunció ayer por boca de su vicepresidenta primera –que ha tenido el honor hace unos meses de ser desmentida oficialmente por el propio Vaticano– que se reunirá con la Conferencia Episcopal para abordar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los edificios no destinados al culto, en cuanto se renueve su cúpula en marzo. Es decir, un anuncio en diferido. Como si fueran las elecciones de Quim Torra.

Pero en contra de lo que han dicho ilustres socialistas, el incentivo fiscal del IBI no tiene su origen en los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 sino que nace en el año 2002 con la Ley de Mecenazgo. Y es bueno también recordar que esas exenciones las concedió el Estado a todas las confesiones religiosas: evangélicos, judíos e islámicos. Por tanto, no es fácil hablar de privilegio de la iglesia católica.

Otra cosa es que el Gobierno quiera recuperar los llamados bienes inmatriculados de la Iglesia, es decir, aquellos que están registrados a su nombre, pese a carecer de los títulos de propiedad. Ahí veremos a la vice reunirse con los obispos y vendernos la moto de que aprietan los privilegios de la Iglesia. Pero de esa propaganda creo que ya empezamos a saber demasiado.