El 8-M vuelve a despreciar el virus

De manera sorprendente, y si las condiciones sanitarias por la pandemia no se agravan –que, visto lo visto, no debe ser un impedimento–, el 8-M, Día Internacional de la Mujer, podrán realizarse manifestaciones, por lo menos en Madrid, tal y como ya ha adelantado su delegado gubernativo, José Manuel Franco. El criterio que se ha seguido para tomar esta decisión parte de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, condicionada a que no se puedan manifestar juntas más de 500 personas. Queda, lógicamente, por concretar de qué manera se va contabilizar el número de participantes, la distancia que deben mantener y otras medidas de protección. Sobre el papel, nada indica que reunir medio millar de personas sea más seguro que mil, a no ser que se desprecie que incluso en reuniones mucho menores el virus puede propagarse. Según el último balance del Sanidad, España –con 3,1 millones de casos y más de 68.000 fallecidos– ha dejado el nivel de contagio extremo, con una incidencia de 236 casos por cada 100.000 habitantes, aunque se mantiene en una zona de riesgo. Pero si nos circunscribimos a la Comunidad de Madrid, donde se permitirían las manifestaciones de 500 personas, su incidencia es de 363 casos diagnosticados en los últimos 14 días. Estos indicadores, según el «semáforo» elaborado por Sanidad, no recomiendan actos masivos y menos sin estar acotados y en movimiento. Se produce, además, un agravio hacia sectores que han tenido que limitar sus actividades, con graves consecuencias económicas: ya no sólo la hostelería, sino las actividades culturales –música y teatro, especialmente–, sociales y deportivos, que deben cumplir una reglamentación muy estricta en el aforo. Obviamente, ningún derecho debe ser cercenado –ni por el estado de alarma al que se acoge Pedro Sánchez–, pero sí limitado cuando está en juego la salud pública. Todo indica que este argumento no convence a los colectivos que organizan los actos, ni tampoco al Gobierno, que asume la función de líder de los actos del 8-M, como ya vimos hace un año en la manifestación de entonces que reunió a gran parte de los miembros del gabinete de coalición. El contagio del coronavirus se propagó en aquel acto pese a la precaución de algunas ministras de acudir con guantes, convirtiéndose en el peor ejemplo que unos gobernantes podían dar a los ciudadanos a los que someterían semanas más tarde a un duro confinamiento. Sin embargo, la guerra que hay dentro de propio Gobierno, ahora encabezado por la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra de Igualdad, Irene Montero, servirá para que se escenifique quién manda en la agenda feminista. No olvidemos el interés de Montero en presentar su polémica Ley Trans el 8-M, contrario a lo que quiere Calvo, acusada ahora de haber «intervenido» el departamento de Igualdad. En definitiva, Calvo y Montero pugnan por quién tendrá más apoyos el Día de la Mujer.