Opinión

La deriva populista de Sánchez

Tomás Gómez

Debe ser que tanto contacto con Podemos ha contagiado a la cúpula del PSOE, porque ha tomado una deriva respecto al poder judicial más propia de populismos de escaso nivel democrático, que del republicanismo cívico.

Un republicano cívico tiene una premisa: el sometimiento todos por igual a la Ley, los populistas, en cambio, son partidarios de eliminar y debilitar todas las instituciones para que no haya nada entre el súper líder y los ciudadanos gobernados.

El conflicto acerca de la elección y nombramiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), incluida reprimenda de Bruselas, que se mantiene vivo hasta el punto de que no tiene visos de solución a corto plazo, puso de manifiesto una tendencia de Pedro Sánchez a cambiar las reglas del juego en tanto no le son cómodas. Los indultos han sido la prueba palmaria de que, para él, la judicatura es un problema y no una garantía.

Por si no hubiese quedado suficientemente patente que en el corolario ideológico del presidente la separación de poderes es un mal que lastra la acción del ejecutivo, que es el poder realmente importante y superior, ha venido a manifestarlo de manera expresa el ministro Ábalos que, quizá por haber caído en desgracia con Sánchez, tiene la necesidad de demostrarse más papista que el propio Papa.

El Tribunal de Cuentas ha puesto “piedras en el camino”. Con esta frase lapidaria, el número tres del PSOE ha criticado la resolución del órgano judicial. Es decir, que los órganos judiciales no están para juzgar conductas indebidas sino que deberían estar al servicio de Moncloa y revisar todas las mañanas el periódico de cabecera del Gobierno para saber qué tienen que juzgar y en qué sentido debe ir el fallo.

Un socialdemócrata no puede reconocerse en los modos y estrategias de este grupo capitaneado por Sánchez que llegó al poder de pura casualidad y, por esa causa, anteponen su permanencia a todo principio.

Los medios contaminan el fin aunque, en este caso, el fin es aún más corrupto. Los dirigentes independentistas han cometido delitos en diversos ámbitos, en el penal y en el administrativo como mínimo, verificado judicialmente pero Sánchez se ha jugado el Estado a los dados, con los indultos, pese a la lógica política y jurídica y, ahora, reprendiendo a otro tribunal.

Confunde el respeto a la legalidad con el cambio de legalidad porque, como ocurrió en el caso el CGPJ, es precisamente el intento de modificar el ordenamiento la mejor prueba de la falta de respeto al sistema que solo le sirve cuando le da la razón.

El Gobierno debería recapacitar. La dinámica de no respetar nuestro sistema es peligrosa no solo por las consecuencias inmediatas respecto al independentismos que se resumen en la actitud burlona de los separatistas y la agitación del avispero vasco, sino porque está creando precedentes traspasando algunos límites y Sánchez caerá y vendrán otros gobiernos monocolores o de coalición y estarán tentados de transgredir los mismos linderos, aunque en otra dirección.