Autodeterminación y resentimiento

El espectáculo de ayer en la sesión extraordinaria del Congreso muestra hasta qué punto está consolidado el bloque de socialistas, separatistas y nacionalistas que gobierna España. La «Ley Trans», por su parte, señala hasta qué punto el proyecto de la izquierda española se dirige, como se ha dicho en estas mismas páginas de LA RAZÓN, a un votante nuevo. Como los destinatarios directos (aunque no los beneficiarios) de la «Ley Trans» son una minoría muy pequeña, se deduce que el valor de la ley es fundamentalmente político: emerge una forma de concebir una sociedad en función de criterios ideológicos, no humanos ni –menos aún– unificadores. Queda priorizada la reivindicación de aquello que en cualquiera de nosotros puede ser «victimizado» y que, como tal, nunca va a encontrar satisfacción. Se abre la puerta a una sociedad ante la que se formula una demanda imposible de satisfacer, una sociedad fragilizada, ajena a cualquier posible confianza en sí misma y sujeta por tanto a la escisión y al conflicto perpetuos, que los políticos atizarán y aprovecharán para llegar y mantenerse en el poder.

El pleno del Congreso, por su parte, escenificó un hecho que ya conocíamos. La coalición que sacó del Gobierno a Mariano Rajoy no fue una maniobra coyuntural, y su trascendencia va más allá incluso de la actual legislatura. Lo han demostrado los indultos y la entrevista entre Sánchez y Aragonés. Hay un proyecto, la España federal de la diversidad nacional, y hay una voluntad de hacer de la coalición que sustenta un elemento estratégico para después de las próximas elecciones. Por experiencia, sabemos en lo que esto acaba: cualquier gobierno que no sea el sustentado por esa misma coalición será declarado ilegítimo e incapacitado para ejercer el poder.

La sociedad rota, la España de la diversidad nacional y un futuro de confrontación dibujan un panorama de extrema dificultad para los años venideros. Por eso mismo, sin embargo, también se abren oportunidades, tal y como se refleja en la tendencia inequívoca de las encuestas. Y es que no hay forma de reconciliar el proyecto social-podemita con algo que no sea intrínsecamente destructivo. El Gobierno lo sabe, y se esfuerza con neutralizar esta evidencia con esa actitud propia de lo que en tiempos de Rodríguez Zapatero se llamó «buenismo». Consiste en apelar sin tregua a la «concordia» y la «empatía» en el mismo punto en el que se concentra la voluntad de dividir y sembrar resentimiento, aunque sea con los argumentos más artificiales. En el caso nacional, rompiendo lo que nos une a los españoles y erigiendo identidades tanto más irreductibles cuanto más impostadas. En el caso de los problemas de identidad de género –que no se pueden reducir a una etiqueta como «trans»– ideologizando una situación de extrema complejidad, para empeorarla muchas veces como se comprobará pronto, y con el objetivo de instaurar una situación de desorden sin límite en la identidad de las personas. Aunque a veces lo parezca, no debería ser tan difícil articular una oposición atractiva y sensata a esta voluntad declarada de suicidio que nos describen como autodeterminación.