El TC y la demolición del Estado constitucional

Lo que estamos viviendo es muy inquietante. Lo es, además, desde hace demasiado tiempo. Desde la muerte de Franco, España realizó una Transición, impulsada y dirigida por Juan Carlos I con el apoyo de políticos, sindicatos, empresarios…, que solo se puede calificar de modélica y se votó una Constitución en 1978 que fue el punto de encuentro y concordia que necesitábamos. España ha vivido un periodo de desarrollo social, estabilidad institucional y crecimiento económico, aunque se hayan sufrido las crisis propias del sistema capitalista que es infinitamente mejor que el comunista y populista que gusta a Podemos y otras formaciones antisistema. Por ello, la ofensiva sostenida y pertinaz de estos grupos, así como de los independentistas es un auténtico despropósito que solo persigue la destrucción de España. Esto no sería ningún problema si las formaciones constitucionalistas mantuvieran una sólida unión en las cuestiones fundamentales, pero los ataques contra el Tribunal Constitucional son la constatación de un escenario preocupante que se tiene que resolver. El PSOE y el PP, que mantienen y deben mantener posiciones distintas en muchos temas, no pueden seguir el juego a los que quieren demoler la España constitucional.

La crisis desatada por la sentencia sobre el estado de alarma es sorprendente. No puedo entender que Conde-Pumpido, que es un gran jurista y un hombre de Estado, considere que no utilizan argumentos jurídicos los que no coinciden con él. Es un inquietante menosprecio a la independencia de seis miembros del alto tribunal y es un cuestionamiento de su capacidad como juristas. Creo que comete un grave error impropio de su trayectoria. Se puede estar a favor o en contra de la sentencia, pero no se puede descalificar porque la sentencia no crea un grave problema político. Nadie está en contra del confinamiento y las medidas adoptadas, es cansino recordarlo, sino del instrumento utilizado. Una vez más volvemos al tema nuclear en este tipo de polémicas y es que la izquierda o el gobierno consideran que las sentencias solo son válidas o legítimas si se ajustan a sus intereses. A esto hay que añadir el intento de descalificar a sus miembros, porque algunos deberían haber sido renovados. Hay que aclarar que la situación se ajusta a la legalidad, pero, sobre todo, siguen siendo juristas de reconocido prestigio. No se trata de que hayan perdido la pericia a la hora de interpretar si una norma se ajusta o no al ordenamiento constitucional.

No se puede cuestionar la legitimidad de esta sentencia y no entiendo la histeria colectiva que se ha desatado en la izquierda. Esta preocupación no tiene fundamento, pero denota que lo que subyace es no poder manejar el TC, como órgano de control de la constitucionalidad de las normas, o la Justicia, porque quieren que sea, como sucede en los regímenes autoritarios, la correa de transmisión de la voluntad gubernamental. En el caso de Podemos, los antisistema y los independentistas es lógico, porque su prioridad es la destrucción de las instituciones. La continuidad del régimen del 78, que se ha ido actualizando con el paso del tiempo y ha dado lugar a una gran democracia, impide que consigan imponer un proceso constituyente, como en Venezuela y otros países, o conseguir la independencia de Cataluña. La Justicia y el TC son un grave problema para todos ellos. Es necesaria la actuación coordinada entre el PSOE y el PP para defender España de sus enemigos. No se trata de que renuncien a sus planteamientos, sino que se abandone el tacticismo cortoplacista que tan letal es para las instituciones.

Me hubiera gustado que el gobierno hubiera expresara su respeto y acatamiento de la sentencia, que dijera que sigue creyendo que la medida era la adecuada y que no se hablara de ausencia de argumentos jurídicos o de un grave problema político que es lo único que ha creado la izquierda con sus ataques. En otras ocasiones he expresado que es bueno que se cumplan los plazos para la renovación de los órganos constitucionales, pero el gobierno hace todo lo posible para que no sea así. No es culpa del PP, sino de quien no entiende que el TC, el CGPJ, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas no pueden ser objeto de un indigno y repugnante mercadeo que permita que los comunistas e independentistas los puedan utilizar para acabar con la Constitución de 1978. Es algo de sentido común. ¿No hay jueces y juristas independientes en España? Hay muchos que podrían formar parte de estas instituciones, pero esto no es lo que quiere la izquierda.

Lo sucedido con la Fiscalía General del Estado es una muestra escandalosa de su concepción de control de las instituciones. El colocar al frente de la Fiscalía a una fiscal que no cumple ni siquiera el requisito de la apariencia de imparcialidad es, simplemente, algo escandaloso. No cuestiono la capacidad de Dolores Delgado y aplico el mismo criterio que si hubiera sido nombrada por el PP. Es inexplicable que se pase de un ministerio y un escaño de diputado por el PSOE a ejercer esta alta magistratura. Es algo que ni siquiera debería ser objeto de debate, porque nunca se tendría que haber producido. La Justicia no solo tiene que ser independiente, sino parecerlo y esto es algo que no gusta a la izquierda. España no puede entrar, como ha sucedido en otros momentos de su historia, en un proceso autodestructivo por culpa de la actitud irresponsable, frívola y egoísta de una parte de su clase política.