España, nación constitucional

Recientemente se ha propuesto la idea de la «España multinivel» concepto que, como otros muchos, quedan inicialmente indeterminados a la espera de su feliz acogida por parte del electorado. Relacionada con la supuesta «Nación de naciones», con la no menos hipotética «España plurinacional», con la muy indeterminada «reforma en sentido federal de España» así como con la engañosa «España plural», la «España multinivel» se nos presenta como una nueva ¿otra más? fórmula para resolver el encaje de las «nacionalidades históricas» con el resto de España, como si eso no fuera una cuestión constitucionalmente resuelta.

Con una u otra fórmula, se nos sugiere que lo que lo conveniente es avanzar en el Estado de las Autonomías hacia un Estado federal, unas veces modificando la Constitución, otras sin tal reforma, pero siempre incrementando, aun más, las competencias autonómicas en detrimento de las comunes o centrales, como si los problemas territoriales de España se redujeran a la selectiva cesión de un puñado de competencias administrativas. La cuestión es de mucho más calado, lo que realmente persiguen algunos es modificar, o cuando menos, relativizar, de hecho o de derecho, el artículo 2 de la Constitución, negando o desvalorizando el «carácter nacional de España».

Simultáneamente con lo anterior, se observa un gradual proceso de «desnacionalización» de la administración central de España. Ha desaparecido el carácter nacional de innumerables organismos públicos que han sido sustituidos por sus equivalentes «estatales», permitiendo que algunas autonomías se apropien del adjetivo «nacional» para adjudicárselos ilícitamente a su propia administración.

Tan erróneo proceder ha propiciado que, y son sólo algunos ejemplos, el Instituto Nacional de Meteorología se convirtiera en la Agencia Estatal de Meteorología; que el Instituto Nacional de Industria se transformara en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales; que Hacienda creara su Agencia Estatal de Administración Tributaria, y que, incluso el BOE, se convirtiera en otra Agencia Estatal. Estas inundan nuestra administración central soslayando su verdadero «carácter nacional».

No parece casualidad que nos hayamos quedado sin Selección Nacional de Fútbol, convirtiéndose en una insípida «roja». No hace demasiado el Ministerio de Defensa lanzó una campaña titulada «Símbolos del Estado Español» en lugar de la más correcta «Símbolos Nacionales de España». Mientras tanto, algunas autonomías ponen el adjetivo «nacional» hasta en la sopa.

En mi opinión, urge reivindicar el carácter nacional de España y de los distintos organismos públicos dependientes del Gobierno Central, destacándose su vinculación nominal con la Nación Española, porque el Estado, como estructura jurídica de la Nación española, lo forman todas la administraciones públicas incluidas las autonómicas y locales, no solo la central.

La actual obsesión de algunos por negar la Nación Española, y circunscribir lo español exclusivamente a lo meramente estatal, es algo que debe ser rechazado por inconstitucional.

Nuestra Constitución es concluyente al declarar que la misma «se fundamenta en la Nación española», lo que fue objeto de amplísimo consenso en el debate constituyente, de manera que incluso la Minoría Catalana del Sr Pujol, en su enmienda 104, propuso: «La Constitución se fundamenta en la unidad de España». El carácter nacional de España no puede estar pendiente de la necesidad temporal de unos pocos votos anticonstitucionalistas. Ello es contrario al más elemental espíritu constitucional. Parece necesario recordar que los valores, principios y normas constitucionales deben ser interpretados conforme al carácter nacional, y no meramente estatal, de España.

Es conocido que el lenguaje no solo se usa para denominar conceptos previamente existentes, sino que es el propio lenguaje quien crea conceptos nuevos, que sin él, no existirían. El lenguaje ha transformado la conciencia humana porque permite tanto la adquisición de nuevos conocimientos como el desarrollo de nuevas formas de pensamiento, de manera que es relativamente fácil poder actuar, mediante la hábil y sagaz utilización del lenguaje, en las creencias y conductas de los receptores, sobre todo, de los más débiles y menos ilustrados. Por ello, resulta de gran interés para algunas fuerzas políticas la perversa utilización del lenguaje para corromper los correctos conceptos sociales políticos, lo que se ha venido consintiendo irresponsablemente.

A algunos políticos les gustaría que España se convirtiera –partiendo de su presunta plurinacionalidad– en una mera superestructura, tal y como deseaba Prat de la Riba, simplemente jurídica, cuasi artificial y que exclusivamente se limitara a coordinar los intereses «nacionales» de aquellas comunidades que voluntariamente lo desearan. Una especie de libre confederación de naciones ibéricas soberanas, es decir, la destrucción de la actual España y de la vieja Nación Española.

La supuesta «plurinacionalidad de España», la hipotética «Nación de naciones», o incluso la indeterminada «España multinivel», tan solo serían posibles si respetasen que la única Nación política existente es la española y, en caso contrario, sería necesaria la preceptiva modificación constitucional. En modo alguno sería legítimo que se obtuviera por la vía de los hechos consumados, o por decisión de unos pocos.

La Nación Española, que goza de una especial relevancia constitucional, y que no es patrimonio de una parte de la sociedad, sino de todos los españoles, no puede ser marginada ni repudiada de las denominaciones de nuestros organismos comunes. Es un enorme fraude a la Constitución que hay que denunciar. No podemos dejar en manos de las minorías no constitucionalistas la concepción y percepción de la Nación Española.