El escándalo del espionaje

No soy sospechoso de ser afecto a los independentistas. Por ello, creo que las escuchas realizadas a través de «Pegasus» no se pueden enmascarar sin dar explicaciones, porque es extraordinariamente grave que se haya producido un proceso de escuchas masivas que podría vulnerar los derechos fundamentales de 60 personas. La actividad del Centro Nacional de Inteligencia está regulada por la ley 11/2002, de 7 de mayo, que recoge en el Capítulo III su control parlamentario en el artículo 11 y el judicial previo en el siguiente. La norma es muy restrictiva en esta materia, porque estamos ante áreas complicadas y sensibles, pero que bajo ninguna circunstancia pueden ser excusa para amparar comportamientos ilegales. España es un Estado de Derecho, esta obviedad no debería ser necesario que la recordáramos, y los ciudadanos tenemos el derecho de sentirnos protegidos. No vale todo. Se han producido demasiados escándalos alrededor de los servicios de inteligencia y es fundamental que los controles sean amplios y profundos.

En lo que hace referencia al control judicial previsto en su artículo 12, se hizo por medio de la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo. El objetivo era establecer, como dice su Exposición de Motivos, «un control judicial de las actividades del citado Centro que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución española». Se trata de la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, cuya garantía solo se puede soslayar por medio de una resolución judicial. Esto se resuelve con la adscripción de un magistrado del Tribunal Supremo al que se le solicita la autorización de las medidas que puedan afectar a esos derechos, siempre que «resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro». Todo ello es clasificado como secreto y el material adquirido por este procedimiento que no guarde relación con el objeto o fines de ese objetivo tendrá que ser destruido. Por tanto, entramos en un terreno complejo, porque hay que saber si esas escuchas masivas tenían el amparo judicial y si en este caso se produjo o no una extralimitación. Por tanto, el Gobierno tiene que dar explicaciones, porque el ser independentista no comporta la pérdida de las garantías previstas en la Constitución.