Escrivá y los autónomos

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sigue con su cruzada contra los autónomos, es decir, persevera en su obsesión de obligarles a cotizar según sus ingresos reales. Y ello a pesar de que muchos (probablemente una mayoría) de los autónomos saldrían perjudicados, ante lo cual el ministro sólo es capaz de repetir una y otra vez que también habría algunos beneficiados. Pero Escrivá cae ahí en una grotesca falacia del falso dilema: que para beneficiar a unos resulta necesario perjudicar a otros. Como si no pudiese mantenerse el régimen actual (el autónomo es libre de escoger la base de su cotización entre un mínimo y un máximo) al tiempo que se habilita la cotización según los ingresos reales para aquellos que ingresen por debajo de la base mínima de cotización.

La realidad es que el objetivo de esta reforma no es facilitarles la vida a los autónomos; tampoco dificultársela, sino algo mucho más sencillo y burdo: llenar las arcas del Estado a su costa. Pese a que, según nos repite el ministro, el sistema de pensiones español no tiene ningún problema de sostenibilidad, lo cierto es que él no pierde la ocasión de tratar de incrementar sus ingresos ya sea a costa de subirles las cotizaciones a los asalariados o multiplicárselas a los autónomos.

Ahora bien, que el objetivo del ministro no sea dificultarles la vida a los autónomos no significa que no lo vaya a hacer: el nuevo régimen de cotizaciones impondrá nuevas obligaciones formales para los autónomos. Por ejemplo, y según descubrimos el pasado martes, los autónomos deberán facilitarle a la administración una previsión de ingresos en el momento de darse de alta en este régimen. Se supone que esa previsión guardará alguna relación con lo que vayan a cotizar a partir de ese momento, de modo que la duda es razonable: ¿qué sucederá si las previsiones de ingresos de los autónomos se alejan mucho de los ingresos reales que terminan cosechando? Si no ocurre nada, si no hay ningún tipo de penalización, entonces todos los autónomos tendrán incentivos a subestimar sus ingresos futuros (incluso a declarar que no esperan ingresos de su actividad); y si, en cambio, existen penalizaciones, ¿impondremos un nuevo riesgo regulatorio a la actividad de los autónomos? ¿No sería más sencillo dejar las cosas como están? No, porque el ministro quiere más dinero.