Pensiones

Pensiones, IPC y precampaña

A nadie le quepa por lo tanto duda alguna de que mediando citas con las urnas el Gobierno vaya a contravenir al colectivo de siete millones de pensionistas que votan

El «día después» de las elecciones andaluzas va a marcar –sea cual sea su resultado– el inicio de un periodo de precampaña tan interminable como inevitable, en el que no habrá movimiento político ni decisión de gobierno que no esté supeditada al horizonte de comicios municipales y autonómicos a la vuelta de pocos meses, como gran prolegómeno a la cita con las urnas en las generales. Es aquí donde volveremos a contemplar el choque de trenes entre unos intereses del país que claman por medidas realistas, incluso alentadas por la propia lupa de la Unión Europea, y los intereses electorales de partido, poco amigos de poner en cuestión los caladeros del voto de determinados colectivos clave con medidas de todo menos populares y si hay algo que representa más que cualquier otro asunto el paradigma de esta eterna disyuntiva, eso es sin duda el eterno debate sobre la garantía de mantenimiento y la actualización de las pensiones.

La inflación disparada ha puesto al Gobierno en el brete de asumir su compromiso por ley de actualizar las pensiones de acuerdo con la subida del IPC, lo que supone todo un torpedo en la línea de flotación de una economía ya de por sí renqueante, pero si algo no va a hacer un ejecutivo presidido por Sánchez, por mucho que se lo recomienden organismos tan autorizados como el Banco de España o la propia OCDE, es practicarse el «harakiri» que un día dio por amortizado a Rodríguez Zapatero obligado a congelar la paga de los jubilados por el bien mayor de salvar al país de la quiebra. España es la única economía de la zona euro que sube las pensiones de acuerdo con el IPC, frente a otros modelos que tienen más en cuenta la esperanza de vida y los tramos de renta, cosa que no es ajena a los ojos de Bruselas muy conscientes de que, de cumplirse la previsión inflacionista este colectivo se beneficiará de la mayor subida en los últimos 30 años. A nadie le quepa por lo tanto duda alguna de que mediando citas con las urnas el Gobierno vaya a contravenir al colectivo de siete millones de pensionistas que votan, mas bien será el siguiente inquilino de La Moncloa –ponga Feijóo las barbas a remojar– quien tenga que volver a meter en el tubo la desbordada pasta de dientes claro está, a costa de la calle incendiada… entiéndase, lo de siempre.