45 años de una revolución que cambió España

El 15 de junio de 1977, fecha en la que se celebraron las primeras elecciones democráticas después de cuatro décadas de dictadura, España no solo empezó a recobrar la palabra, por usar el verso de Blas de Otero, sino que inició el camino que le llevaría a alcanzar las mayores cotas de libertad, prosperidad e igualdad. Desde entonces, nuestro país ha consolidado la democracia no como un paréntesis histórico, sino como una realidad plenamente asentada. Fue una revolución democrática que cambió España.

Yo no había nacido en las primeras elecciones democráticas. Tampoco cuando se promulgó la Carta Magna ni cuando estalló el golpe de Estado del 23-F. Pero eso no significa en absoluto que la Transición me sea ajena. Al contrario, me siento hija de aquella hornada dirigente que propició el futuro de toda una generación de hombres y mujeres que pudimos vivir en libertad.

Aquellos primeros comicios, y la posterior aprobación de la Constitución, supusieron un hito democrático que ha procurado conquistas sociales de extraordinario calado.

Hace 45 años no existía la posibilidad legal de los matrimonios homosexuales y la interrupción del embarazo no tenía cobertura legal. Tampoco existían leyes de igualdad ni el combate contra la violencia machista estaba en la agenda política, mediática e institucional.

Hace 45 años España aún estaba muy lejos del corazón de Europa. Y no se concebía la posibilidad de organizar eventos mundiales como los Juegos Olímpicos de Barcelona o la Expo de Sevilla, de la que este año se cumple el 30 aniversario. España aceleró la convergencia con los países de nuestro entorno porque entramos en Europa y entramos en Europa porque teníamos democracia.

Más de cuatro décadas después, nuestra democracia afronta retos de envergadura como la transformación económica, acelerada después de la pandemia; la necesidad de reforzar la cohesión social y territorial, el abordaje de la transición ecológica y la consecución de una igualdad efectiva y plena. Todo ello exige renovar y fortalecer el consenso constitucional. No solo para dar respuesta a estos desafíos, sino para reforzar aún más nuestro marco de convivencia.

La Constitución es la educación pública de nuestros hijos, es la pensión digna de nuestros mayores, es la salud de todos. Precisamente, porque tenemos clara esta convicción, el Gobierno acaba de aprobar un anteproyecto de ley para blindar la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública para evitar que se privatice y desde el convencimiento de que la protección de la salud no solo es un derecho constitucional, sino un pilar básico para una sociedad más justa.

Celebramos que el principal partido de la oposición se abra ahora a eliminar la palabra «disminuido» de la Constitución (artículo 49), tal como propuso el Gobierno. Es necesario también blindar los principios rectores de la sostenibilidad y el carácter público de nuestro sistema de pensiones, y el sistema público de servicios sociales como Cuarto Pilar del Estado del Bienestar.

Resulta compatible reivindicar el espíritu de concordia de la Constitución y, al mismo tiempo, emprender con espíritu constructivo determinadas reformas que la actualicen al siglo XXI.

Por eso es de vital importancia que haya un Gobierno centrado en consolidar y ampliar derechos, mientras algunas fuerzas políticas parecen empeñadas en retroceder.

Hay formaciones políticas que se arrogan la defensa de la Constitución, pero no siempre la cumplen. Esto es lo que se ha puesto de manifiesto en los episodios flagrantes de transfuguismo a los que hemos asistido durante los últimos meses o con el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de los órganos constitucionales, que tienen una importancia esencial en el desempeño de nuestro sistema político.

También hay formaciones políticas que atacan la esencia misma de la Constitución. La extrema derecha, por ejemplo, apuesta por disolver el Estado de las Autonomías.

Conviene, por tanto, estar en permanente alerta ante aquellas posiciones que cuestionan los avances logrados o que tratan de envenenar la convivencia. Se han traspasado líneas rojas. Populistas y extremistas deterioran las instituciones mientras abonan la polarización, las noticias falsas a través de las redes sociales, la ruptura de los consensos o el cuestionamiento del parlamentarismo.

Todo ello no hace más que abonar la desinformación y distorsionar la función de los medios de comunicación como garantes del derecho a la información, uno de los pilares de los sistemas democráticos. Debemos permanecer vigilantes ante quienes intentan sustituir el debate y la deliberación por la continua deslegitimación del oponente, lo que amenaza con crear un clima de crispación y de odio que impregne todos los escenarios de la vida pública.

«Salimos del presente para caer en el futuro desconocido, pero sin olvidar el pasado», escribió María Zambrano. Hace 45 años la ciudadanía española pudo volver a votar en libertad. Cuando en este país dejamos de lado las diferencias, sabemos sumar voluntades y soñar alto. El recuerdo de aquel 15-J del 77 debería servirnos de guía para el futuro. Para orillar aquello que nos separa. Para volver a transformar nuestro país desde el compromiso por el diálogo y el acuerdo. Cada cita con las urnas es un acontecimiento que debemos cuidar y proteger. En democracia es en las urnas donde construimos nuestro mañana.

Isabel Rodríguez es portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial.