Leí en «Público» este titular: «Las empresas disparan la inflación para mantener sus beneficios, mientras los salarios y el consumo se debilitan».

Con testimonios de economistas de izquierdas, la convencional tesis del artículo era que «la espiral inflacionista se ve impulsada por la decisión de trasladar el aumento de costes, especialmente los energéticos, al valor de venta de los productos mientras la menor liquidez de las familias desploma las compras».

Es una tesis bastante extraña, porque implica un supuesto arriesgado, que por regla general conviene no hacer, y es que la gente es idiota. Evidentemente, si los empresarios fueran los responsables de la inflación, estarían liquidando la fuente de sus beneficios, empobreciendo a las personas de quienes en última instancia dependen: sus clientes. El propio artículo reconoce: «El tejido empresarial español está registrando unos magros beneficios que entrañan riesgos como el de revelarse a medio plazo pírricos». Los capitalistas, por tanto, estarían disparando contra sus propias ganancias.

Además, la teoría económica también resulta extraña a esta visión de las cosas. Por un lado, es evidente que las empresas no pueden hacer otra cosa que trasladar sus costes incrementados: si no lo hicieran, desaparecerían, porque lo haría su rentabilidad. Es lo mismo que hacen los trabajadores: si el coste de la vida aumenta, reclaman incrementos salariales. No puede argumentarse que los salarios o los beneficios crean la inflación, como tampoco los costes. Si el crudo duplicara hoy su precio, aumentarían los costes de una vez, pero no lo harían durante meses o años. Hablando de años, hace ya quinientos años que unos sabios españoles se dieron cuenta de que las subidas sostenidas de los precios tenían que ver con la oferta monetaria, conspicua ausente de todas estas reflexiones políticamente correctas que buscan en los empresarios a los culpables de la devaluación del dinero, en vez de fijarse en quienes lo controlan desde hace siglos: los gobernantes.

En cambio, con los argumentos convencionales que recoge el diario «Público», al final uno termina con la impresión de que la solución es el consabido «pacto de rentas», que sistemáticamente ignora el coste que los poderosos imponen al pueblo trabajador. De hecho, promueve el aumento de dicho coste, disparando contra el enemigo equivocado: los empresarios, antiguos chivos expiatorios del pensamiento único.