Y en estas estamos

Hace tiempo sentencié que no volvería a ocuparme de la situación del Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación lleva paralizada casi tres años. Juré no volver a machacar sobre cómo diablos hemos llegado a esto, un capítulo más en el tradicional desprecio socialista hacia la independencia judicial, ni del patético seguidismo del principal partido de la oposición, a intervalos llamado a gobernar sólo para cuadrar cuentas y llenarle la despensa al adversario.

Sin embargo, en ese proceso degenerativo, ha aparecido una circunstancia que merece comentar no sólo porque afecte al Consejo, sino porque confirma las conclusiones que ya he hecho en estas páginas e intensifica mi tradicional convicción de que al socialismo hispano parece causarle urticaria las reglas del Estado de Derecho. Aunque para ser sinceros, viendo cómo el progresismo yanqui se las gasta en Estados Unidos tras la reciente sentencia que enmienda la jurisprudencia sobre el aborto, advierto una patología planetaria, agresiva, aquí comprada por socialistas y demás fuerzas de apoyo. De esa sentencia también me he ocupado en estas páginas.

Ahora me refiero a las maquinaciones socialistas para renovar -ya- el Tribunal Constitucional. Hay que recordar que al no renovarse el actual Consejo -dominado por una caterva fascista-, le capó competencialmente para que, estando como está en funciones, no pueda hacer nombramientos, lo que le impide elegir a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Recuérdese que este tribunal tiene doce miembros que se renuevan de cuatro en cuatro, o sea por tercios y cuando le toque a cada grupo: un tercio los nombra el Congreso, otro el Senado y el otro al alimón por gobierno y Consejo, cada uno elige a dos. Pues resulta que toca ahora renovar ese último tercio y el Consejo ya no puede al haber sido capado competencialmente, luego el gobierno capador tampoco puede elegir a sus dos magistrados, luego el efecto de esa ablación es que pierde la oportunidad de controlar al tribunal.

La cuestión es vergonzosa e inquietante. Vergonzosa porque muestra cómo se las gastan quienes nos gobiernan, en el fondo nada nuevo si contemplamos la historia del socialismo ibérico; vergonzosa también porque una vez capado competencialmente el Consejo, no puede cumplir su función general de hacer nombramientos en tanto no se renueve, algo que le importa un rábano al capador sólo interesado en reformar su reforma para que sólo pueda nombrar a los dos magistrados para el Constitucional; el resto de cargos que siguen vacantes le trae sin cuidado. E inquietante porque esa reforma esconde un plan de calado. Sobre él que ya me he pronunciado, pero, como enseña la publicidad, para que un mensaje cale hay que ser machacón.

En efecto, los analistas nos recuerdan que penden del tribunal juzgar la constitucionalidad de las leyes más ideológicas de los últimos años (vgr. aborto, eutanasia, enseñanza, persecución a los provida, más todas las que transpiran ideología de género) a lo que se añadirá, por ejemplo, los planes para mutar de Estado autonómico a federal. El objetivo es claro: ha llegado el momento de crear el nuevo orden constitucional que para la izquierda radical lleva pospuesto desde la muerte de Franco pues, al fin y al cabo, la Transición es pura transexualidad franquista. Es momento de retomar un reloj parado desde un 18 de julio de 1936 y erigir el país deseado pero, ojo, evitando un enojoso y arriesgado proceso de reforma constitucional y la solución pasa por controlar el Tribunal Constitucional.

La solución pasa por nombrar juristas -incluso algún antisistema togado-, especialistas en “relecturas”, capaces de hacer decir a las leyes lo que convenga ideológicamente, pero que no sólo digan que una ley ideológicamente radical no es inconstitucional sino algo más: que encierra la verdadera Constitución; juristas de esos que, armados de papel y boli, te podrían razonar, por ejemplo y perdón por exagerar, que nada hay más constitucional que la pena de muerte o que, pongo por caso, donde el artículo 5 dice que «La capital del Estado es la villa de Madrid» en realidad, si se lee bien, dice que es Barcelona; o donde el artículo 128.1 dice que «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» en realidad no dice “general”, sino “de Cataluña”.

Pues en estas estamos. Y ante tal desprecio y manipulación de la Justicia y hacia su órgano de gobierno ¿qué puede hacer el Consejo? Pues bien podría no hacer nombramientos, bien por no llegar a acuerdo alguno o por falta de quórum el día de la votación. O ir a por todas: ese día dimitir en bloque, más aún, que los candidatos al Consejo ya preseleccionados retiren sus candidaturas y, aún más, que si hubiere una próxima preselección las asociaciones y los jueces renuncien a participar para desbaratar un régimen ya pervertido.