Don Juan Carlos y la prima Lilibeth

El rey Juan Carlos eligió tener su residencia fuera de España. Nunca ha sido un «exilio» o una imposición. Es cierto que se han producido diversas interpretaciones, se han utilizado «fuentes próximas a…» e, incluso, el que Felipe VI quiere, piensa… No tienen fundamento. Es posible que el Jefe del Estado atienda a esos expertos y que su vocación sea ejercer de simpático telefonista. Tras esta incursión en la ironía, he de reconocer que no acabo de hablar por teléfono con él y que nunca lo he hecho. Espero que Felipe VI tenga ocupaciones más útiles. No hago más que utilizar el sentido común y lo que conozco de estos más de quince años que llevó dirigiendo LA RAZÓN. No hay nadie que le pueda imponer algo a Don Juan Carlos. Por más cosas que se escriban o digan, algunas pintorescas o estrafalarias, hay que partir de esta realidad. Los que digan lo contrario no tienen ni idea. Otra cuestión es que sea muy consciente de que es mejor seguir fuera, porque el clima político resulta nocivo.

Al margen de sus sentimientos, Don Juan Carlos sabe que la prioridad es la Corona. Desde niño fue educado en la idea de que primero estaba servir a España y, a pesar de los errores personales que ha cometido, es algo que ha cumplido de forma impecable como Jefe de Estado. He conocido a muchos empresarios y políticos. Nunca me han llegado rumores o información de corrupción o comisiones. Es una de esas mentiras que repite con insistencia la izquierda radical. Ha sido investigado con una intensidad como nadie en este país. Hay que preguntarse por qué no aparece esa fortuna fabulosa, ni siquiera modesta, que alegremente se avienta sin que nada lo avale. Ni una sola fuente ha sido capaz de ir más allá de lo que conocemos y que fue la donación del rey saudí y regalos de algunos amigos. Don Juan Carlos no tiene ningún papel oficial y ha sido invitado como exjefe de Estado a las exequias de su «prima Lilibeth». Es nieto de una princesa británica y caballero de la Orden de la Jarretera. Es lógico que asista al funeral, pero, además, no se le puede aplicar una condena social perpetua para complacer a la izquierda política y mediática.