Ajustar la Justicia

Imagine el lector que la vacante de Capitán General de Sevilla lleva cuatro años sin cubrir porque en el Consejo Superior del Ejército no se ponen de acuerdo los Tenientes Generales conservadores y progresistas que lo componen. O que es noticia en la prensa rosa que el Comandante General de Ceuta aparece en Formentera con una conocida y avispada «influencer», resaltando especialmente que lo hace «con el torso rasurado» condicionante importante para nuestra Defensa Nacional, e imagino incluida en las cláusulas secretas de la última Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid.

Arriesgo, al entrar en territorio minado sin el equipo adecuado. Pero como viejo servidor del Estado me duele la situación a la que ha llegado la cúpula de nuestra Justicia que precisa ahora la mediación de un Comisario belga como es Didier Reynders –ya conocemos los apoyos incondicionales de la justicia belga– para intentar desatascar un problema que arranca de 1984. En este tiempo tras una equivocada iniciativa parlamentaria de Juan María Bandrés ratificada por otra más que discutible sentencia del Tribunal Constitucional , se modificó el artículo 122.3 de nuestra Constitución que con sabiduría redactaron los padres de la misma: «el Consejo Superior del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y 20 miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años –uno más que los períodos de cada legislatura–. De estos, 12 serán nombrados entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales; 4 a propuesta del Senado y otros 4 elegidos por el Congreso. Apoyado resueltamente en el principio de la división de poderes pretendía nuestra Carta Magna que el poder judicial no estuviese subordinado ni al ejecutivo ni al legislativo. Todo cambió en 1984 cuando la designación de los miembros pasó prácticamente a la iniciativa de los órganos legislativos, a su vez representantes de opciones políticas habitualmente encontradas, con dificultad manifiesta de alcanzar consensos. Reconoció posteriormente su error Bandrés, cuando un tibio Tribunal Constitucional también reconocía «que se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional, si las Cámaras a la hora de efectuar propuestas olvidan el objetivo y distribuyen los puestos a cubrir proporcionalmente entre los distintos partidos». Ya vemos los resultados.

Primera consecuencia negativa: jueces y fiscales sienten la necesidad de agruparse en formaciones políticas afines al poder si sienten la «honrada ambición», como decimos nosotros, de ascender en la carrera. Si las asociaciones se apoyan solo en criterios profesionales, sin contagios políticos, quedan arrinconadas. No interesan al poder porque no las puede manipular, cuando son las más próximas al espíritu de nuestra Carta Magna.

El segundo diagnóstico del agresivo cáncer aparece cuando las responsabilidades judiciales se entremezclan con actividades políticas en un peligroso sistema de ida y vuelta. Los miembros de las Fuerzas Armadas, bajo cuyo su uniforme albergan libremente las mas diferentes ideologías y preferencias políticas, se presentan ante la sociedad como servidores públicos desprovistos de ellas. ¡Solo faltaría que eligiésemos una Brigada del Ejército para El Líbano, una Fragata de la Armada para el Mar Negro o un Escuadrón del Ejército del Aire para proteger los cielos de Letonia,en función de si su mando es conservador o progresista! Tenemos un ejemplo bien característico. Cuando un general cuatro estrellas estando en la Reserva, es decir a las ordenes del Ministro de turno, optó por una conocida opción política, en pocos días fue separado del Servicio. Indiscutible forma de sanear una institución, que prioriza al Estado por encima de una opción o partido político.

Y hay quien me apunta. Si se creó la Unidad Militar de Emergencias (UME) para cubrir los graves vacíos de Protección Civil entre Comunidades Autónomas, que costaron la vida a 12 brigadistas en Guadalajara, quizás convendría pensar en crear otra con buenos juristas castrenses, para emergencias judiciales, a fin de llenar sus graves vacíos.

Por supuesto sé que no es lo mismo; la propia Constitución distingue entre las dos instituciones. Y no pretendo generalizar, cuando sé que jueces y fiscales con medios insuficientes realizan su imprescindible trabajo sin coserle etiquetas. Nada tienen que ver –e imagino que están más preocupados que yo mismo– por las preocupantes advertencias de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, ni de la Vicepresidencia de la Comisión, ni del Comisario Reynders que nos visita, por la contaminación partidista que claramente rompe el Estado de Derecho, exigiendo que «los jueces elijan a los jueces». Y es triste que nos comparen con otros países europeos que proceden de regímenes comunistas bien diferentes al que nos dimos en 1978.

¡Todo sea por reforzar nuestro Estado de Derecho!. Sin él, ya lo sabemos: la selva.