Crecen los partidarios de una mayor centralización de competencias en España

El estado autonómico ha sido la opción mayoritaria de los españoles durante décadas, pero en los últimos años se ha demostrado, que sea cual sea el color político de la comunidad, los servicios esenciales transferidos son cada día más deficientes, las listas de espera en sanidad pública son un pero común a todas las regiones de la nación. El fracaso escolar en la enseñanza pública va en aumento y la situación de la administración de justicia se deteriora año tras año. Pero lo que no deja de crecer es el presupuesto autonómico, el número de «asesores», de vehículos oficiales y de nuevas competencias al servicio de los territorios.

No obstante, el responsable último es el gobierno central, que debe exigir que en todo el territorio nacional se presenten servicios públicos de sanidad, educación y justicia semejantes entre los distintos territorios que conforman el Estado.

Que no haya españoles de primera o de segunda, según sea su lugar de residencia habitual. Por lo que la única solución para garantizar la igualdad es la recentralización. Las autonomías han ido en sentido opuesto, aumentando las diferencias entre los españoles.

Antes de la llegada de la actual administración, el CIS cumplía su misión de investigación demoscopia de modo distinto. Ejemplo de ello es que ha dejado de preguntar recurrentemente como se hacía hasta 2018 por la distintas alternativas de organización territorial del Estado en España. En el barómetro de noviembre de 2018 el 39,5% prefería un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad, frente a tan solo el 9,6% que proponía un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes. Entre esta dos posición se encontraba un 13,9% que propugnaba un Estado en el que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad. Mientras que los querían que las comunidades autónomas tuvieran menor autonomía que en la actualidad sumaban entonces el 13%.

Y un 17,3% mostraba su interés por un Estado con un único Gobierno central sin autonomías.

Con esta distribución no tiene en España cabida ni la autodeterminación ni un estado federal, y mucho menos confederal. Por lo que hay que ocultar estos datos para que no interfieran en el modelo de organización territorial que se pretende imponer para cumplir con la hoja de ruta pactada con los grupos independentistas que en esos momentos son aliados indispensables de Pedro Sánchez en la denominada dirección del Estado.

Es notorio que el 53,5% del votante del PSOE se mostrara cómodo con el estado de las autonomías, y que tan solo el 1,7% apoyase la autodeterminación de las regiones.

El discurso de España, nación de naciones, o Estado plurinacional o la sola idea de plantear un pseudo referéndum contaría con el rechazo mayoritario del electorado socialista.

En la encuesta publicada por LA RAZÓN el pasado 6 de diciembre. Ante la pregunta de si está satisfecho con el grado de descentralización en España o prefiere más centralización, el 41,7% de los ciudadanos españoles se alineaba ya con la opción de mayor centralización.

Consultando los datos en el CEO, cuyas investigaciones se limitan a Cataluña, observamos que en los estudios realizados tras octubre de 2017, el independentismo está plegando velas: un año después del intento golpista, en octubre de 2018, el CEO registraba en Cataluña un 47% a favor de la independencia y un 43% contrario a la misma. Dos años más tarde, en 2020, ya era mayoría los contrarios a la independencia, con el 49% frente al 44%. Y el último barómetro, realizado en octubre de 2022 y publicado en noviembre, aumenta al 50,1% los que no desean la secesión del Principado del conjunto de la nación española frente al 41,6% que aún la desean. En los últimos cuatro años el independentismo ha perdido 5 puntos, y el anti independentismo ha crecido en 7 puntos.